Miler informó que esta mañana se concretó una inspección con inspectores de la Delegación  Viedma de la Secretaría de Trabajo, y en la oportunidad “nos encontramos con trabajadores en negro, con jornales muy por debajo de lo que marca el Convenio Colectivo de Trabajo, con un 50 por ciento del valor del salario por debajo de lo que marca la escala salarial vigente para los trabajadores de la construcción, sin ningún tipo de elementos de protección personal, sin ningún tipo de medidas de seguridad colectiva de la obra, no hay agua potable para consumo humano, no hay comedor, no hay baños químicos en obras que son millonarias”.

Responsabilizó directamente “al doctor (Omar) Malemacci, que sigue infringiendo la ley, utilizando la explotación de los trabajadores para obtener más ganancias en sus emprendimientos inmobiliarios. Tuvimos que pasar por varias situaciones desagradables, casi enfrentamientos con los mismos trabajadores, seguramente mandados por él para que no se hicieran las inspecciones y en el día de hoy finalmente la Delegación de Trabajo pudo realizar el acto inspectivo”.

“Es evidente que Malemacci no quiere blanquear a los trabajadores, porque construir una vivienda de 60 metros en un plan del Estado, ya sea Nacional o Provincial, cuesta alrededor de 700 mil pesos con mano de obra y materiales incluidos y cualquiera de las viviendas que se están construyendo en ese predio cuestan más de dos millones de pesos.  A eso debe sumarse el valor del terreno, que supera el millón de pesos. Entonces con semejante inversión, es evidente que Malemacci intenta explotar a los trabajadores”, señaló Miler.

Añadió además que menciona al responsable “con nombre y apellido porque ya en otra oportunidad hemos inspeccionado, se han labrado las actuaciones administrativas correspondientes en la Delegación de Trabajo y tuvo que blanquear a los trabajadores y reconocer los salarios. Hoy nos encontramos nuevamente en una situación desagradable y peligrosa para los trabajadores por parte de un letrado que debería respetar la ley y entender los derechos laborales”.

En este contexto, denunció el gremialista que “el municipio es el gran responsable desde el momento en que permite que todas estas construcciones se desarrollen en forma tan precaria atentando contra la salud de los trabajadores, porque no exige ningún tipo de normas de seguridad, ni plan de trabajo, ni absolutamente nada”.

“Quizá me equivoque y pido disculpas si es así, pero creo que hay una connivencia, una complicidad entre los funcionarios municipales y los propietarios de este tipo de obras, como barrios privados o emprendimientos de grandes proporciones, para que se desarrollen de esa manera. El municipio debería actuar rápidamente, clausurar y que se ponga la obra en condiciones, que exija la infraestructura de obra necesaria para poder desarrollarla, porque estamos hablando de fines comerciales”.

DATOS DE LA OBRA:

Nombre del barrio cerrado: “Río Abajo”.  Ubicación: Kilómetro 10, Ruta Provincia Nº1.  Consorcio parcelario Nº 3086. Responsable inmobiliario: AJ Ferreyra (Tucumán 14 – Viedma). Propietario: Omar Fabricio Mallemaci, Abogado, matrícula: 11-04-2006 (Gallardo 41, Viedma).