Por un lado, la alta burocracia administrativa, producida por el cambio de gestión, se materializa en la falta de firmas para autorizar las prestaciones sociales desde hace dos meses, ya que les fue retirada la firma a los funcionarios autorizantes y no se designaron nuevos responsables.

El servicio de odontología se encuentra completamente cortado y los beneficiarios tienen que pagar hasta 500 pesos por cada atención. También han sido cortadas las derivaciones fuera de la provincia y no se cubren los gastos de traslados y hospedaje. En este caso, funcionan por reintegros que la obra social provincial no está abonando. Del mismo modo, hace sesenta días que no se abonan los reintegros por distintas prácticas médicas, que comúnmente eran liquidados dos veces al mes.

La falta de cobertura del IPROSS es grave, se expone a los trabajadores estatales provinciales y municipales a una crítica situación y a la imposibilidad de acceder al sistema de salud, ya que en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos para afrontar sus necesidades médicas ni la de sus grupos familiares.

"En este momento es grave la falta de cobertura de nuestra obra social provincial. Se está exponiendo a los afiliados y sus familias a quedar excluidos del sistema de salud. No puede ser que les descuenten todos los meses a los trabajadores y que luego éstos tengan que pagar desde su propio bolsillo la atención médica", cuestionó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y completó: "Lo llamativo es que, en algunos casos la burocracia de la actual gestión es tal, que por falta de firmas autorizadas no se garantizan prestaciones sociales, traslados ni hospedajes".