Casadei defiende los recursos pesqueros rionegrinos

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El legislador de Juntos Somos Río Negro, Adrian Casadei, presentó un proyecto de comunicación que plantea al Consejo Nacional Pesquero, “el rechazo a cualquier intento de avasallamiento de las jurisdicciones provinciales, relacionadas con la apertura de pesca de la especie Langostino, o cualquier otra especie de características tranzonal, siendo la misma una clara violación sobre las potestades constitucionales vigentes”.

Para Casadei es muy llamativa la coincidencia entre la postura del Consejo Nacional Pesquero (CFP) y La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) que presentó una nota mediante la cual, recurriendo a una serie de leyes, artículos y casos testigo, solicitó que “todo lo relativo a la pesca de la especie langostino, y otras especies, tanto sea en relación a la apertura y cierre del caladero para estas especies y el establecimiento de medidas de conservación, pesca y control, sea resuelto por el organismo nacional” y no por cada provincia como se venía haciendo hasta el momento.

“Hay un intento de pasar por encima de las autonomías provinciales, y de pasar por encima de todo un orden jurídico, desde leyes, hasta las constituciones, tanto la de Río Negro, como la de la Nación Argentina”, señaló Casadei.

“Quieren acordar, en una oficina de Buenos Aires, cuándo y quién explota nuestros recursos pesqueros, y lo que es peor, con consignas que siguen al detalle las exigencias de los grandes empresarios del sector”, concluyó.

Vale recordar que el Artículo 70 de la Constitución de la Provincia de Río Negro establece: “La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la ejercita con las particularidades que establece para cada uno. La ley preserva su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la Nación, con otras provincias o con terceros. La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia, sin previo acuerdo mediante leyes-convenios que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología”.

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