Doñate interpuso amparo para que no bajen jubilaciones

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El diputado nacional del FPV, Martin Doñate, expresó que fue a la justicia en defensa de los jubilados rionegrinos, “para frenar por todos los medios disponibles este verdadero saqueo al bolsillo de los abuelos rionegrinos”. Alertó que con esos fondos quieren pagarle a los fondos buitres y darle plata a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Ante esto, Doñate presentó hoy en la justicia federal de Viedma una acción de amparo con pedido de una medida cautelar para frenar el nuevo sistema de actualización de los haberes jubilatorios que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, que ya consiguió media sanción y “que significarán una gravísima caída de entre 800 y mil pesos por jubilado rionegrino” estimó. La ONG Encuentro Solidario de Viedma que preside Lautaro Barberis acompaña la acción judicial.

Además ratificó su absoluto rechazo al proyecto que dará tratamiento la Cámara de Diputados los próximos días. “Vamos a hacer escuchar nuestra voz como representantes de los rionegrinos y haremos todo para frenar este nuevo atropello“.

Doñate agregó que ya había intervenido con éxito como diputado en medidas cautelares para que el gobierno nacional devuelva las pensiones a las personas con discapacidad, también para impedir que destruyan el “kit qunitas” y sea entregado a los beneficiarios y para frenar el tarifazo de servicios exigiendo audiencias públicas y tarifas diferenciales para la Patagonia.

El amparo con el pedido de una medida cautelar elaborado por el diputado y con el patrocinio del abogado Cirilo Bustamante, es la primera acción judicial que se presenta en el país contra la baja de jubilaciones.

La medida apunta a declarar la nulidad del acto administrativo que derivó en la media sanción de Senado por inconstitucional y, al mismo tiempo, busca frenar  cualquier medida de gobierno que compute por debajo del sistema de actualización hoy vigente. Además, pide proteger el fondo de garantía de sustentabilidad y declarar la inconstitucionalidad de cualquier medida que ponga en riesgo el poder adquisitivo de los jubilados y de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

 

 

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