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Desde la conducción de la UNTER se denunciaron "definiciones arbitrarias" por parte de algunas Juntas Médicas que "agregan padecimientos, en vez de acompañar y resolver las situaciones de salud que aquejan a trabajadores".
Según se detalló: "Existen situaciones de compañeros docentes, a quienes la Junta no les otorgan o justifican las licencias porque “tipifican” sus afecciones, sin contemplar la labor que desarrollan, ni respetan los diagnósticos de sus médicos de cabecera".
Desde UNTER consideraron que "el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, que impone tres niveles de obligatoriedad a los Estados para garantizarlo: el deber de Respetar, la obligación de Proteger, la obligación de Cumplir. Para los trabajadores de Río Negro, este derecho es avasallado continuamente por el gobierno y sus funcionarios, que carecen de una perspectiva integral a la hora de tomar definiciones sobre reconocimiento de licencias laborales".
El sindicato docente manifestó que "desde hace tiempo, se observa el avance en el recorte de derechos respecto de las licencias docentes y readecuación de tareas, sin fundamentaciones adecuadas en los dictámenes. Desde el Departamento de Salud de UnTER se denuncian sistemáticamente estas situaciones, que además deslegitiman prescripciones de médicos tratantes. Como consecuencia de estas decisiones, no solo se pone en riesgo la salud de compañeros, también pueden sumar el perjuicio económico de reducción o quita del salario".
"También se radican denuncias por el destrato que algunos miembros de las Juntas para con los docentes".
Desde el gremio expresaron que "resulta inadmisible que sean médicos, convertidos en funcionarios olviden sus juramentos hipocráticos y hostiguen a personas que atraviesan enfermedades graves, provoquen más angustia en momentos de vulnerabilidad psicofísica".
"Párrafo aparte merecen algunos funcionarios del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que se permiten interpretar las resoluciones que regulan la licencia por violencia de género. Si bien en la teoría la normativa rionegrina es de avanzada en esta materia, en la práctica deja mucho que desear".
"Existen personas en diferentes estamentos administrativos que desconocen la legislación y sus responsabilidades como funcionarios públicos que obstaculizan el acceso a esta licencia, descreen de las palabras de las compañeras y disidencias, por cuestiones burocráticas las obligan a relatar una y otra vez sus padecimientos, por ende violan los principios de confidenciabilidad y respeto a la integridad. Urge la formación en la Ley Micaela, de manera obligatoria y presencial para todos, porque evidentemente lo autogestionado no permite comprender de que se habla cuando se habla de un trato humanitario con perspectiva de género".
Desde el Departamento de Salud en la Escuela y la Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UnTER "exigimos la apertura de instancias de debate y discusión con representantes de las Juntas Médicas provinciales para abordar estas y otras temáticas que atraviesan muchos trabajadores de la educación. Es fundamental contar con nuevas instancias de apertura al diálogo, que permitan discutir directamente con quienes intervienen en las definiciones, por un lado el órgano contralor de Salud con médicos que evalúan y emiten dictámenes y por otro, el gobierno que es quien define y emite la norma respectiva. El acceso a la prevención y cuidado de la salud de los trabajadores estatales también son derechos que deben estar garantizados por el Estado".
7 noviembre 2024
Gremiales