Río Negro podría contar con un registro provincial de personas sancionadas por maltrato y crueldad animal, una herramienta que busca prevenir nuevos hechos de violencia y reforzar los mecanismos de protección. La iniciativa contempla incorporar a quienes tengan sanciones administrativas firmes o condenas judiciales, con garantías de debido proceso y derecho de defensa.

El proyecto, impulsado por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, obtuvo dictamen favorable por mayoría durante una reunión plenaria de comisiones de la Legislatura provincial. Su autora sostuvo que la propuesta permitiría establecer un antecedente a nivel nacional. “Estamos hablando de casos que llegan a una condena firme”, aclaró Odarda durante el debate, al precisar que la iniciativa no apunta a incluir a personas por el solo hecho de haber sido denunciadas. También afirmó que, de aprobarse, sería la primera ley de estas características en el país.

Qué establece el proyecto

La propuesta prevé que las personas incorporadas al registro tengan prohibido mantener animales a su cargo. Además, deberán realizar, dentro de los primeros seis meses posteriores a su inscripción, un curso obligatorio de formación y sensibilización sobre derecho animal, bienestar y tenencia responsable.

La capacitación estará a cargo de profesionales especializados del Ministerio Público de Río Negro. El texto también contempla que el incumplimiento de las obligaciones pueda derivar en la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales, mediante mecanismos de coordinación con los organismos de recaudación.

El registro incluiría a personas con sanciones administrativas firmes por infracciones vinculadas con el cuidado responsable de animales, reincidencia en hechos de maltrato, abandono o crueldad, condenas penales firmes o sanciones encuadradas en el artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.

En todos los casos, la incorporación deberá estar respaldada por una resolución firme. El objetivo es que la herramienta se aplique con garantías legales y no alcance a personas cuya responsabilidad todavía no haya sido determinada.

El proyecto establece que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático será la autoridad de aplicación, con funciones de administración, actualización y resguardo de la información. Para esas tareas deberá trabajar en articulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Durante el tratamiento en comisiones, Odarda destacó la intervención del Ministerio Público en las investigaciones por maltrato animal y señaló que el registro tendría una publicación anual en el Boletín Oficial. La legisladora también recordó que durante años muchas denuncias de este tipo no avanzaban en la Justicia. “Generalmente estos casos antes se archivaban, no se les daba importancia”, expresó.

En contraposición, destacó que actualmente las fiscalías investigan estos hechos con mayor profundidad y mencionó la Instrucción General 2/20 de la Procuración General de Río Negro, que establece pautas de actuación para los fiscales frente a casos de crueldad animal.

Los antecedentes que fundamentan la iniciativa

Para respaldar el proyecto, Odarda incorporó casos registrados en distintas localidades de la provincia. Uno de ellos es el de Byron, un perro de raza Terranova que murió en General Roca en septiembre de 2020, después de recibir una patada que le provocó un desgarro hepático y una hemorragia interna. El episodio derivó en una sentencia judicial por crueldad animal en 2022.

También se incluyó la causa por la faena clandestina de dos yeguas en General Roca, una de ellas preñada y otra que había parido recientemente. El expediente terminó con condenas de prisión efectiva para cinco personas, que posteriormente fueron confirmadas por el Tribunal de Impugnación.

En San Antonio Oeste, otro de los antecedentes citados fue el caso de Roco, un perro caniche que sufrió graves lesiones después de que un hombre lo arrojara violentamente contra el suelo. La iniciativa también menciona a Pilincho o Tigre, un perro que presentaba desnutrición extrema, heridas y un deterioro físico que llevó a que fuera sometido a eutanasia. El caso dio lugar a una imputación por abandono y crueldad animal.

Otro episodio citado es el de Luna, una perra de Cipolletti que murió después de ser atropellada. El proceso judicial concluyó con una solución alternativa que incluyó disculpas públicas, la realización de un mural de concientización, una contribución económica a una asociación protectora y capacitación en derecho animal.

Casos de Viedma y San Javier

Entre los antecedentes de la zona también aparece el caso de Chiqui, una perrita de la zona del IDEVI, en la comuna de San Javier, que murió en 2025 presuntamente por un disparo de arma de fuego. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la Fiscalía ordenó un allanamiento y el secuestro de armas en un establecimiento agropecuario. La investigación continuaba en trámite al momento de la presentación de la iniciativa.

La legisladora incluyó, además, el ataque sufrido por otra perra llamada Luna, en Viedma, el 1 de febrero de 2026. El animal, de ocho años, fue encontrado con heridas graves después de que le arrancaran parte de la piel con un elemento cortante. Sobrevivió tras ser auxiliado por un joven que la trasladó a una veterinaria. Odarda figura como denunciante en esa causa, que, de acuerdo con la documentación incorporada al proyecto, todavía no tenía una sentencia que determinara responsabilidades.

La iniciativa también recuerda el caso de los 29 cardenales amarillos sustraídos del balneario La Lobería, una especie protegida como Monumento Natural provincial. Los ejemplares fueron localizados posteriormente durante un procedimiento contra la caza furtiva en San Juan.

En los fundamentos, Odarda plantea que el maltrato animal requiere respuestas que no se limiten a las sanciones penales o contravencionales. La propuesta busca sumar herramientas de prevención, seguimiento y concientización para reducir la posibilidad de nuevos hechos.

El texto toma como referencia la Ley Nacional 14.346, que establece penas para quienes maltraten o cometan actos de crueldad contra animales, y el Código Contravencional de Río Negro, que contempla multas, trabajo comunitario y otras restricciones para determinadas conductas.

El registro también podría servir como herramienta de consulta para organismos públicos, municipios y organizaciones proteccionistas que intervienen en rescates, hogares de tránsito y procesos de adopción responsable. La iniciativa aclara que la finalidad no es promover la exposición pública ni la estigmatización de las personas incluidas, sino establecer mecanismos institucionales de prevención y control.