Como consecuencia de la artificial caída del 80% en términos reales de las tarifas residenciales operada entre 2001 y 2012 pudo observarse un aumento del consumo que en el lapso que medió entre 2003 y 2015 hizo crecer el consumo de gas natural en un 41%, el de energía eléctrica en un 58% y el de naftas en un 153%.

Sin embargo la apresurada afirmación del actual Ministro del Interior Rogelio Frigerio al afirmar "Los gobernadores nos decían que era una locura porque teníamos diez grados bajo cero en las provincias del sur y la gente estaba en remera en la casa o abría las ventanas de tanta calefacción que tenían porque era gratis prácticamente el servicio público" es errónea. La mayoría de los patagónicos no disponen de la calefacción necesaria, ni son las actitudes de despilfarro individual, las fuentes principales de la ineficiencia energética.

La preocupación del estado nacional por el ahorro, podría manifestarse modificando la hora oficial en invierno y verano para aprovechar mejor la luz y las temperaturas según las estaciones como hacen la mayoría de los países. Podría establecer la obligatoriedad de incluir la Etiqueta de Eficiencia Energética como requisito excluyente de habilitación de las viviendas, particularmente las vinculadas a programas sociales

Podría disponer la aplicación de protocolos de actuación respecto del uso de la iluminación y calefacción en los edificios públicos, hasta llegar a la reducción del uso de corbatas para reducir los gastos de refrigeración como hizo España, que cuando aumentó el precio del petróleo redujo la velocidad máxima de las rutas, cambiando la totalidad de las respectivas señales camineras.

Sin la posibilidad de aplicar impuestos inflacionarios variables, ni manotear Fondos Jubilatorios, la mayoría de los estados practica un prolijo control de sus gastos operativos e incorporando el uso de los recursos energéticos de que dispone con mayor abundancia, como Uruguay que ya alcanzado a autoabastecerse de electricidad con energías renovables.

La información sobre eficiencia energética agrega valor económico, ambiental y social a los productos y servicios a los que se asocia, permitiendo al usuario, reconocer previamente el ahorro de las futuras facturas energéticas que supone elegir un inmueble, un electrodoméstico, una maquinaria, un automóvil, etc. por encima de otro, como con ocurre con muchos alimentos que anuncian su contenido calórico o nutricional en las etiquetas de su envase.  

En muchos países los costos adicionales de mejoras en eficiencia energética en el sector privado son financiados a tasas diferenciales o con exenciones fiscales sobre la base de los ahorros para el erario público que conllevan, de modo de promover su empleo y son acompañados por campañas de difusión para difundir modos ventajosos alternativos de regular las temperaturas, la iluminación, las llamas, la velocidad, el uso del agua por las importantes ventajas que aportan a la comunidad.

Resulta audaz  e inaceptable pedir austeridad a los ciudadanos mientras el déficit del sector público y la inflación anual se incrementan y se amplía el Ejecutivo a 26 Ministerios. Mientras se aumenta el endeudamiento público a las tasas más altas de Latinoamérica con excepción de las que afronta Venezuela. Con una inversión de Mu$s17, ENARSA Patagonia construyó en 2014 una planta de fraccionamiento de gas licuado de petróleo. Esta planta fue construida sobre terrenos que no pertenecían a la sociedad y que en mayo de 2016 aún no habían podido ser transferidos. Según la Universidad Nacional del Comahue, la planta adolecía de problemas en su construcción que impedían su puesta en marcha. Pese a todos estos problemas en Diciembre de 2015 la planta tenía personal dedicado y hasta un gerente general en Buenos Aires.

La deficiencia de los controles de las concesiones de las empresas hidrocarburíferas como PAN, Chevron o Petrobras, las mermas observables en el transporte y distribución de hidrocarburos, las corruptelas del gasto en subsidios e inversiones en energía que llevaron a la administración nacional a expandirlos desde 1,2% del PBI en 2008 a 4,1% del PBI en 2015 son problemas pendientes que  aumentaron el déficit fiscal, sin lograr disminuir siquiera las emisiones de gases de efecto invernadero que entre 2003 y 2015 crecieron 144%.

Los costos de transporte desde las Economías Regionales, podrían reducirse un 25% mediante la utilización generalizada de GNC y aún más con  la actualización del parque automotor que en un 90% excede con la tolerancia oficial, el promedio de vida útil aceptado en otros países.

El Ministro de Energía Aranguren, denunciado como presunto infractor de la Ley de Ética Pública por sus tenencia accionarias de Shell, no ha explicitado ni debatido un Plan Energético Integral ni las intervenciones que desarrollará para mejorar la eficiencia en la generación, distribución y despacho, como podría ser el procesamiento de hidrocarburos en origen, pero ha anunciado nuevos aumentos para cubrir el 65% remanente del subsidio a las empresas según las tarifas que les reconoce. En cualquier caso esos guarismos que no han sido expuestos a Audiencia Pública como marca la ley, no pueden ser asumidos como costos inherentes e inamovibles de los cuadros tarifarios, ni pueden ignorarse las graves falencias de la gestión estatal verificadas y aún vigentes, que afectan los costos, que se ubican entre los más elevados del mundo.

Los recientes anuncios de dos nuevas centrales nucleares presupuestadas en Mu$s12.000 o la confirmación de la construcción de las represas santacruceñas que con más de Mu$s 5.000 de costo han sido adjudicadas, superando los costos de extensión y modernización del Canal de Panamá, no son señales de auteridad.  Tampoco se ha explicado cómo se distribuirá la energía adicional generada en una Provincia como Santa Cruz que no está en condiciones de absorberla y considerando que la modernización del sistema eléctrico de distribución vigente en la Argentina, para equipararlo con países con niveles de ingreso y desarrollo semejante implicarían una inversión de al menos Mu$s 67.000 antes del 2030 (Greenpeace)

La mora de los gobiernos en garantizar un buen aislamiento térmico habitacional,  la cogeneración y la integración industrial reduciendo el 30% de desperdicio energético promedio (INTI), que desarticule los acaparamientos de garrafas, combustibles y lubricantes, que reduzca los subsidios a las petroleras (Mu$s8.000/año), reasigne los impuestos asociados a los combustibles (42% en la Argentina, 8% en USA) etc. son tareas pendientes que deberán comenzar a remediarse antes de agobiar a los estoicos ciudadanos, racionar el gas a los vehículos o cortarlo a las industrias.

En un mundo que aumentará durante los próximos 30 años el 50 % su gasto energético y que prevé que los mayores incrementos su demanda se registrará en los países en desarrollo, la discusión para dejar atrás el carbón y la leña es impostergable

El uso de leña para cocinar y calentar sus hogares, genera un humo de leña que ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como “el asesino de la cocina”. Este humo ya ocasiona 1,5  millones de muertes/año además de múltiples problemas que van desde las afecciones respiratorias y el cáncer al retraso mental. El 41% de los argentinos que habitan sobre la 3º mayor reserva hidrocarburífera del mundo sobreviven al frio usando leña, que es provista en muchas provincias por el propio estado mediante el Plan Calor y similares, sin un control que asegure siquiera la calidad y cantidad de las entregas que insumen muchos millones de los presupuestos nacionales y provinciales.

El Gobierno debe comprender que con independencia del sendero estratégico que elija para superar la encrucijada energética, antes de acusar de dispendiosa y demandar austeridad a la ciudadanía, deberá observar lo que dice el viejo proverbio árabe cuando afirma: “si quieres verme llorar, llora, si quieres verme reír, ríe tu primero”.

Nota de Opinión del Lic. Javier García Guerrero.
Columnista Económico de LRA Radio Nacional Viedma y Mendoza, Radio Mitre, Radio Argentina, Radio Dolores, etc.
@JavierGGuerrero