Desde el inicio de nuestra gestión, podemos decir que hemos logrado restaurar derechos fundamentales de nuestros trabajadores. Los rionegrinos sabemos que hasta hace muy pocos años, en esta provincia se vivía con una incertidumbre periódica y un malestar constante para los empleados. Felizmente, ese escenario quedó atrás y parece parte de un pasado lejano. No nos vanagloriamos de ello: es responsabilidad del Estado garantizar el bienestar de los trabajadores públicos.

En materia educativa hemos sostenido desde el 2012 el concepto de la educación como bien público y como derecho social. Si bien el docentes es un sector muy movilizado y muy organizado sindicalmente, siempre logramos arribar a acuerdos beneficiosos con el gremio de la educación. Por eso, desde que asumimos pasamos de los últimos puestos al cuarto mejor salario docente del país. En todos esos consensos, ha sido primordial la predisposición al diálogo de ambas partes. 

En este punto, es inevitable hablar de la próxima implementación de la Nueva Escuela Secundaria, impulsada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos pero diseñada con la participación de todos los actores de la comunidad educativa. Con esta reforma, se busca mejorar la calidad de las interacciones pedagógicas y se redefinen cuestiones estructurales para que los docentes contengan, orienten y acompañen a los estudiantes en su trayectoria de aprendizaje (esto implicará la necesidad de un 25%  más de horas de trabajo con docentes involucrados no solo en una disciplina sino también con pertenencia a un establecimiento educativo), apuntando a la disminución del fracaso y a evitar la deserción escolar, preocupantes en el nivel secundario.

No se puede obviar el contexto en el que se plantea esta reforma educativa. En un escenario nacional en el que inesperadamente comienzan a circular discursos cada vez más cuestionadores de la educación pública, de arancelamiento de la educación superior, y se reflota una noción elitista que plantea el ingreso restrictivo a las universidades, nuestra provincia impulsa políticas educativas superadoras con una mirada inclusiva, participativa y alejada de la estigmatización de nuestros jóvenes.

Pero la injerencia del Estado no se limita al empleo público. El ámbito privado, que se rige con normas bien distintas, ha tenido varios conflictos con sus trabajadores. En el afán de aportar soluciones, el Estado provincial siempre ha sido muy activo. El caso de la minera MCC de Sierra Grande es paradigmático en ese sentido y ante las dificultades de la minera para sostener el número de empleados, el gobierno provincial realizó diversos aportes (exenciones, subsidios, beneficios impositivos) con la condición exclusiva de que se garanticen todos los puestos laborales.

Actualmente, se está interviniendo fuertemente para que, ante el cierre de las plantas empaquetadoras de frutas de General Roca y Allen de la empresa Expofrut, se garanticen los derechos de los trabajadores marcados por la ley (la empresa, de capitales belgas, había planteado una indemnización del 50% para los despedidos).

Valgan estos ejemplos por tantos otros en donde el Estado participa por los intereses de los asalariados. Aunque esto es evidente, lamentablemente la oposición no suele acompañar este afán, y brotan los comunicados destructivos en los que se mezclan las pertenencias ideológicas y partidarias, lo estatal y lo privado, lo provincial y lo nacional. Eso no nos preocupa: cuando se tiene la responsabilidad de administrar una provincia las polémicas vanas y la hojarasca mediática deben quedar en un segundo plano.

Desde Juntos Somos Río Negro y de la mano de Alberto Weretilneck hemos construido un Estado con fuertes políticas públicas destinadas a preservar derechos sociales. Nunca vamos a ceder en esas convicciones, porque sabemos que nuestro proyecto político recién comienza y estamos sentando las bases desde la construcción de un trabajo más abarcativo, federal, realizado por y para los rionegrinos y rionegrinas.