Cabría preguntarse si la ciudadanía de Brasil va a ser tan dura con el actual Presidente Temer, al cual le renuncia un ministro por mes por denuncias de corrupción, cuando por mucho menos produjo la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff.

Cristina Fernández de Kirchner culminó su mandato con altísimos niveles de popularidad, luego de una década donde se restituyeron Derechos en la Argentina, se redujo la pobreza y se avanzó en múltiples aspectos relacionados con la ciencia e investigación, la Educación, la Salud, la Vivienda, el Trabajo , la cobertura previsional y los Derechos Humanos.

A pesar de todos estos logros- reconocidos a nivel internacional- no cesa la persecución a la ex- pesidenta con denuncias que rozan lo absurdo y terminan teniendo un efecto boomerang para Macri y sus cómplices. Basta nombrar la búsqueda de cuentas de Cristina en el exterior, que culminó con los Panamá Papers donde el involucrado era el propio Macri , o la causa “Dolar Futuro”, donde se concluye que los que se beneficiaron con esa medida económica fueron ni más ni menos que actuales funcionarios del gobierno de “Cambiemos” como Mario Quintana.

Milagros Salas- que además de se mujer es quechua y de sectores populares- fue encarcelada hace más de un año por reclamar en la Plaza de Jujuy. Todo un aparato mediático-empresarial salió a condenarla y a convencer a la ciudadanía de que estaba bien apresarla -sin respetar ningún procedimiento constitucional-, al mejor estilo de la dictadura cívico-militar.

La realidad es que hoy la mismísima ONU está pidiendo su liberación inmediata por haber sido detenida arbitrariamente por el gobierno de Gerardo Morales. El seleccionado inglés de Rugby –al que es difícil acusarlo de izquierdista, chavista, o con infiltrados de la Cámpora- se negó a jugar en Jujuy por la existencia de presos políticos.

En un plano más local, Maru Martini recibió el municipio de Bariloche en llamas y lo entregó tres años después, con los sueldos al día, con múltiples obras y proyectos en marcha.

Ni Maru Martini, ni su idóneo equipo de gobierno tuvo una sola denuncia durante su gestión, pero lo primero que hace el actual Intendente es acusarla mediáticamente de malversación de fondos específicos. La denuncia de Gennuso es improcedente ya que es lícito el manejo de un fondo único de las cuentas oficiales.

La normativa lo permite reponiendo los Fondos Específicos dentro del ejercicio, el cual culminó con Gennuso ya intendente. Lo que habitualmente sucedió en Bariloche es que cuando no se llega a reponerlos antes del cierre del año, se prorroga con autorización del Concejo y se restituyen en el primer trimestre del año siguiente. Eso fue lo que hicieron varios de los antecesores varones de Maru Martini, y es posible que lo tenga que hacer el propio Gennuso, salvo que el Concejo Municipal cambie la normativa actual vigente que autoriza lo actuado hasta hoy.

El propio Tribunal de Contralor -con mayoría oficialista- hace unos días desestimó la denuncia del Intendente porque no existe ningún delito.

Parecería que el único argumento que tiene el actual Intendente para tapar las limitaciones y la pobreza de su actual gestión es atacar a su antecesora y a quien cuestione su gobierno.

El último y más reciente ejemplo es el de Julieta Wallace, del Tribunal de Contralor, acusada por el Intendente de violar la ley de Ética Pública por acompañar una protesta de los recicladores.

La falacia de la denuncia de Gennuso es que la Ley de Ética Pública prohíbe a los funcionarios representar a Empresas con intereses contrarios al Municipio. La Asociación de Recicladores de Bariloche no tiene intereses contrarios al municipio, ni es una empresa. Es una organización social de extensa y reconocida trayectoria, conformada mayoritariamente por mujeres muy humildes que tratan de lograr su sustento a partir del reciclado de basura,, las cuales estaban muy molestas con acciones del gobierno actual.

Julieta Wallace las acompaña en ese reclamo- no litigando, ni iniciando ninguna acción judicial- sino simplemente yendo con ellos a una reunión y expresando su opinión sobre la cuestión.

Aún así, Julieta Wallace – que es abogada y asesora hace 9 años gratuitamente a las recicladoras- tomó la precaución de excusarse previamente en temas relacionados con la ARB.

Interpretar que por los hechos sucedidos, un miembro del Tribunal de Contralor Municipal, que además es una abogada que asesora gratuitamente a una organización social de recicladores, está violando la Ley de Ética Pública, no resiste el más mínimo análisis serio, y sería realmente estúpido activar un proceso de revocatoria de mandato -ya que Julieta Wallace fue elegida por la ciudadanía- teniendo que ir a las urnas para destituirla o ratificarla por haber ayudado a los recicladores.

Analizando la diversidad de casos mencionados, se observa que todos tienen en común ser ataques virulentos que toman un alto grado de exposición mediático, carecen de sustento jurídico- rozando por momentos el ridículo- y parecen tener poca vida en el plano judicial; pero quienes sufren las consecuencias y son verdaderas víctimas “casualmente” son todas mujeres que se animaron a ocupar espacios en el ámbito público, con destacadas actuaciones en sus gestiones y parecería que por eso se las busca destruir políticamente con la difamación y la calumnia.

Si bien no se pueden comparar con el daño físico y psicológico que sufren a diario las mujeres víctimas de violencia en nuestro país, si se pueden encuadrar estas situaciones dentro del concepto de “Violencia Simbólica” que desarrolla el sociólogo francés Pierre Bourdieu.

Al observar los logros que dejó Cristina para nuestro pueblo, las obras desarrolladas por Milagros Salas en Jujuy , la cantidad de proyectos concretados en la gestión de Maru Martini y su equipo, y la militancia en defensa de los sectores populares que desarrolla cotidianamente Julieta Wallace, no queda más que reivindicar y alentar a estas valientes mujeres que se animan a ocupar los espacios públicos, desafiando a la sociedad machista, patriarcal e intolerante, a la vez de expresar el mayor de los repudios a sus victimarios, quienes acusan y descalifican mediáticamente, tal vez como forma de intentar justificar su propia impotencia y mediocridad en la gestión de la política pública.