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Ex trabajadores estatales cesanteados en tiempos de la dictadura mantienen vigente el reclamo por cobrar la indemnización correspondiente aprobada por una ley provincial, ya promulgada, pero que aún no fue reglamentada.
La autoría pertenece al legislador Alejandro Betelú, que fundamentó este resarcimiento, y también lo hizo Beatriz Contreras, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Sin embargo, a la fecha ninguno de Los afectados recibió el beneficio y de no haya respuesta en el corto plazo por la vía administrativa se prevé el inicio de acciones judiciales.
Vale recordar que la legislatura aprobó el marzo de 2015 una ley que establece el resarcimiento económico para los estatales que fueron cesanteados por motivos políticos, ideológicos, gremiales y por razones similares en los gobiernos militares que se sucedieron desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Incluye también a los estatales que por la misma razón fueron echados de su trabajo en el gobierno peronista anterior al golpe de Estado.
El abogado Miguel Cardella representa a varios de los potenciales beneficiarios, y adelantó acciones con duras críticas a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
"Los legisladores dijeron que las personas comprendidas dentro de esta, ley que fueron cesanteadas en la época de la dictadura militar, perseguidos ideológicamente, que tuvieron que dejar su trabajo, se les dicta una reparación para ellos, y esto es suficiente para que se cumpla, se le indica a la secretaría de Derechos Humanos que tiene que armar un registro, pero no lo hacen porque dicen que la ley no está reglamentada", dijo Cardella.
"Es una lamentable interpretación y más en esa área de gobierno tan sensible como la de los Derechos Humanos", agregó.
El abogado hizo un planteo judicial porque se han presentado un par de reclamos de beneficiarios y la secretaría no ha respondido. "Le hemos pedido a la Justicia que se dicte un acto administrativo por el cual se rechace o se acepte el reclamo, y de no aceptarlo iniciaremos acciones judiciales a la Provincia", finalizó.
22 diciembre 2025
Río Negro