ATE rechazó los retiros voluntarios

El gremio estatal exigió a Weretilneck Ejecutivo que "no adhiera a la propuesta ajustadora de Macri" .

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Una vez conocido el ofrecimiento de financiación económica realizado por el Presidente Mauricio Macri a los gobernadores patagónicos para que instrumenten en sus jurisdicciones distintos planes de retiros voluntarios en la Administración Pública, desde ATE se pronunció un "enfático rechazo" y se consideró que iniciativas similares "fueron el gran mal de la década del noventa". 

"La idea del Gobierno provincial de adherir a esta propuesta es equivocada y la afectada terminará siendo toda la sociedad rionegrina. En nuestro Estado no sobran los trabajadores", remarcó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTA Autónoma de Río Negro.

"Repudiamos las presiones y los aprietes del Gobierno Nacional. Esta idea de condicionar el desembolso de dinero fresco o los permisos para otro tipo de deuda al cumplimiento de supuestas metas fiscales, es perversa. En nuestra provincia no existen trabajadores interesados por más tentadora que pueda ser la propuesta de retiro", agregó el dirigente gremial.

Desde el sindicato se exigió al gobierno provincia que "no adhiera a ese instrumento de ajuste que se propone desde la Nación" y que "garantice el pleno respeto de todos los derechos laborales que por ley corresponden a los agentes públicos". 

De aplicarse este mecaniso para Aguiar "las consecuencias serán absolutamente negativas no solo para los trabajadores y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto, ya que se verán afectados los servicios públicos en su cantidad y calidad". 

"Río Negro no forma parte de las provincias que tienen que ordenar su recurso humano y por el contrario hay numerosas áreas estatales cuyo funcionamiento se encuentra en riesgo a partir de la falta de personal y que no existen empleados interesados en ser incorporados en ningún régimen de cesación anticipada en la prestación de sus servicios laborales", señalaron desde el gremio estatal. 

ATE además repudió "las presiones del Gobierno Nacional y las consideró una injerencia que afecta la autonomía de las provincias" y recordó que iniciativas como estas "fueron generadoras de altos niveles de desocupación, pobreza y desintegración familiar, además de provocar la pérdida para el Estado de su personal con mayor experiencia y capacidad". 

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