La Comisión directiva de SITRAJUR informó su profundo repudio a las manifestaciones públicas del Superior Tribunal de Justicia, quien al entender del gremio intentó deslindar responsabilidades que le son propias, en relación a las cesantías de los Trabajadores Cesar Rodríguez y Fernando Manzano de la ciudad de Cipolletti.

“Con un desparpajo pocas veces visto, el máximo tribunal, admite el despido de los dos trabajadores, deslindando los mismos en las facultades de dirección que le son propias, utilizando vagos e irresponsables informes de los titulares de organismo, confeccionados subjetivamente por Marisa Palacios del Juzgado 7 de Familia y Oscar Lagos de la Delegación Mantenimiento y en los cuales no se advierte ningún parámetro objetivo, solo una posición ambigua e infundada, que en todo caso roza la mala intención ante la relevancia de los mismos”, sentenció el sindicato.

Agregaron que ninguno de los dos trabajadores tiene sanciones, ni sumarios disciplinarios pendientes, faltas injustificadas ni llegadas tardes, pero si, paradójicamente ambos realizaban horas extras a instancias de los titulares de organismo, situación que dentro del poder judicial y en toda la administración pública, queda habilitada casi con exclusividad para los trabajadores con “buen concepto”, lo que además demuestra la clara contracción al trabajo que tenían.

En ese sentido desde SITRAJUR se preguntaron cómo se resolverá tremenda contradicción. Además indagaron como evitaran alguna denuncia penal sobre malversación de fondos, en relación a las horas extras pagadas con fondos públicos. Horas extras que según el sindicato fueron, justificadas, verificadas y certificadas por los Lagos y Palacios, quienes ahora dicen, que estos mismos trabajadores no están aptos para continuar trabajando en este poder del estado.

 SITRAJUR profundizó expresando que es en este contexto, que se ratifican las políticas de ajuste en la justicia, evidenciándose con la negativa patronal, a debatir sobre dicho “periodo de prueba” solo con el objetivo de amenazar y amedrentar a los trabajadores, situación que resulta denunciada y cuestionada por nuestro sindicato desde hace varios años y exigiendo la eliminación del mismo, en el texto del Convenio Colectivo de Trabajo.

Todo esto atento que el único requisito constitucional para la estabilidad en el empleo publico es la idoneidad, situación cubierta por los trabajadores al ingresar por estricto concurso publico de oposición y antecedentes. En todo caso, para ser más “justos” resultaría interesante que los magistrados y funcionarios, se sometieran a dicho régimen de PRUEBA.

Los representantes de los trabajadores Judiciales finalizaron exclamando que “es lamentable como con viento de cola del clima de época neoliberal, este STJ muestra la verdadera cara del ajuste en Rio Negro, un descarnado escenario que desnuda las miserias de los jueces millonarios contra los trabajadores despedidos”.