Intendente PRO y ex funcionario imputados

Rojas y Varise están acusados de malversación y sustracción de caudales públicos.

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El intendente de Dina Huapi Danilo Rojas y el ex secretario de Obras Públicas, Ramiro Varise, fueron imputados este último viernes por los delitos de abuso de autoridad, malversación y sustracción de caudales públicos, por irregularidades en la ejecución de obras públicas en esa comuna andina.

El fiscal Guillermo Lista formuló los cargos por los hechos referidos a la gestión de la segunda etapa de la bicisenda Ruta 40 de esa localidad, donde habrían ordenando la contratación directa de una misma empresa; estableciendo tres etapas con el único fundamento de sectorizar dicha acción con el objetivo de no superar el monto de la ordenanza, que exige llevar a cabo el concurso de precios.

El hecho endilgado refiere además a la omisión de suscribir el correspondiente contrato en el que se pudiera plasmar las particularidades de la contratación, con posibilidad de ocasionar un daño o perjuicio a la administración, por falta de certidumbre jurídica.

Los imputados tuvieron a su cargo la compra de hierros para la segunda etapa de la Bicisenda Ruta 40 de Dina Huapi, estando acreditado que los materiales de mención no han sido destinados para la obra en cuestión, surge de la memoria descriptiva que ésta obra no lleva hierros.

Por último el fiscal Lista expresó que "se puede inferir que los materiales comprados y abonados por el municipio de Dina Huapi, conforme transferencias bancarias electrónicas obrantes en el expediente, no han tenido como destino la obra sobre la que se pretendió justificar el gasto. Se le ha asignado a tales materiales un uso distinto por el que debían ser administrados y utilizados como marca la ley. Además de no cumplir con la formalidad exigible para toda contratación de una obra pública, ya que únicamente se solicitó un presupuesto que directamente fue aceptado y sin más se realizó la obra".

Participaron de esta audiencia presidida por la Jueza de Garantías Romina Martini, los abogados Alejandro Pschunder y Karina Chueri por la querella. Por la defensa particular de los imputados, el abogado Sebastian Arrondo, quien se opuso a la formulación de cargos y realizó un planteo de sobreseimiento por considerar prescriptos los plazos.

La Jueza de Garantías Romina Martini dió por formulados los cargos y rechazó el planteo de prescripción de sobreseimiento por entender que hay material suficiente para iniciar la investigación y colectar la evidencia necesaria para la elaboración de sus teorías del caso. Asimismo otorgó los 4 meses de plazo para la elaboración de la investigación.

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