El Ejecutivo Provincial sorprendió a propios y extraños con la presentación de un proyecto de ley con acuerdo de ministros mediante el cual pretende crear una tarjeta de crédito destinada a los trabajadores estatales provinciales, incluyendo a los municipales, pasivos provinciales y beneficiarios de planes sociales rionegrinos.
La iniciativa que llegó el jueves pasado a la Legislatura apunta a la "creación de la empresa Río Negro Compras SA cuyo accionista mayoritario será la provincia que tendrá por objeto la administración y explotación de una tarjeta de compra y/o crédito para los empleados de la administración pública"-
La tarjeta rionegrina sería extensiva a los trabajadores de "entes autárquicos, municipios adheridos, pasivos provinciales y beneficiarios planes sociales provinciales".
Entre los fundamentos de la iniciativa se reconoce el complejo panorama económico que atraviesa el país y a las "dificultades para pagar préstamos que tienen los trabajadores estatales, con tasas que actualmente rondan el 50 por ciento"
Esta tarjeta regional estará "orientada al desarrollo social y económico local".
"Las acciones de la sociedad estarán en poder del Ministerio de Economía de la Provincia, quien será la Autoridad de Aplicación de la presente ley y tendrá la facultad para concurrir en representación del Estado Provincial al acto constitutivo de la
sociedad, para suscribir las acciones representativas del capital social que correspondan, designar a los representantes ante las asambleas societarias, como asimismo para suscribir
toda la documentación pertinente, pudiendo realizar por sí o por delegación todos los trámites necesarios para la conformación e inscripción y reconocimiento de la sociedad", establece el proyecto que consta de ocho artículos.
En la iniciativa se establece que "el Poder Ejecutivo podrá realizar aportes a RÍO NEGRO COMPRAS SA y transferir la propiedad de todos aquellos bienes muebles, registrables o no, e inmuebles para el cumplimiento de sus funciones o para su desenvolvimiento o que por cuestiones económicas o financieras resulte inconveniente mantener en su órbita".
En forma semestral esta empresa deberá elevar "un informe al Ministerio de Economía y a la Legislatura sobre la gestión de
la empresa y los resultados obtenidos".
Algunos analistas visualizaron una doble intención detrás del proyecto, por un lado debilitar al gremio UPCN que como uno de sus vínculos fuertes con los estatales tiene su asistencia crediticia con préstamos personales; y también una intencionalidad proselitista de cara a los desafíos electorales que deberá encarar el oficialismo en el 2019.
27 enero 2026
Río Negro