La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) resolvió archivar la denuncia presentada por la venta del avión oficial de la Provincia al concluir que no existieron irregularidades en la operación concretada durante el gobierno de Alberto Weretilneck. El organismo determinó que no se acreditó un daño al patrimonio estatal ni incumplimientos en los procedimientos administrativos que permitieran avanzar con la investigación.

La resolución, firmada por la fiscal Dolores Cardell, también incluyó fuertes cuestionamientos hacia la denuncia impulsada en enero de 2025 por el legislador Luciano Delgado Sempé, quien había objetado que la aeronave se vendiera en 2,6 millones de dólares cuando había sido adquirida dos años antes, durante la gestión de Arabela Carreras, por 4,2 millones de dólares. Además, había cuestionado que parte del pago se acordara mediante horas de vuelo sanitarias y el valor asignado a esa prestación.

En un documento de 16 páginas, la fiscal sostuvo que la presentación incurrió en una práctica conocida como "excursión de pesca", al considerar que formuló acusaciones de carácter general sin aportar elementos concretos que las respaldaran. También señaló que el denunciante no identificó las fuentes utilizadas para sostener el supuesto valor de mercado de la aeronave y cuestionó la "liviandad" con la que, expresó, se realizaron las imputaciones.

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Durante el análisis del expediente, la FIA recordó que la decisión de vender el Cessna Citation V Ultra 560, modelo 1994, respondió a la conclusión del Poder Ejecutivo de que resultaba antieconómico mantener la aeronave dentro del patrimonio provincial. Esa evaluación, indicó la resolución, estuvo respaldada por informes elaborados por distintos organismos provinciales, entre ellos SIARME, Ipross, el Ministerio de Salud, la Secretaría General, Horizonte, Río Negro Fiduciaria, el CFI, Obras Públicas y un informe técnico del ingeniero aeronáutico Javier Kornisiuk.

Respecto del valor de venta, Cardell señaló que la Universidad Nacional de La Plata había tasado la aeronave en 2.320.290 dólares, mientras que un relevamiento realizado por la propia FIA sobre ocho aviones similares fabricados entre 1994 y 1999 arrojó un valor promedio de 2.022.250 dólares. Según la resolución, esos antecedentes respaldan el precio base fijado por la Provincia para concretar la operación.

La fiscal también descartó cuestionamientos sobre la licitación al recordar que la normativa vigente no obliga a adjudicar la oferta de mayor precio, sino aquella que resulte más conveniente para el Estado, especialmente cuando la contratación incluye servicios especializados. En ese marco, concluyó que la modalidad de pago acordada con la empresa Aerovida, que incorporó horas de vuelo sanitarias como parte de la compensación, se encontraba debidamente justificada.

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Otro de los aspectos analizados fue precisamente el valor asignado a esos vuelos sanitarios. La FIA comparó los montos con antecedentes de contrataciones realizadas por Ipross y el Ministerio de Salud, y concluyó que tanto el precio por kilómetro de vuelo como el mecanismo de compensación resultaban razonables y contaban con respaldo técnico.

Como parte de la resolución, Cardell recordó además que el análisis de la compra original del avión, realizada durante la gestión anterior por un monto total de 4.234.990 dólares, ya había sido objeto de otra investigación administrativa. Ese expediente derivó en sanciones del Tribunal de Cuentas contra los exfuncionarios José María Apud, Gonzalo Regueira y José Scheverin, quienes fueron multados en 2023 por irregularidades administrativas detectadas en aquella licitación. Las sanciones económicas, que en conjunto alcanzaron un millón y medio de pesos, fueron abonadas por los exfuncionarios, quienes además continúan imputados penalmente en la causa vinculada con la adquisición de la aeronave.