Cardell respondió como asesora del oficialismo", afirmó Delgado Sempé tras el archivo de la denuncia por el avión

El legislador cuestionó con dureza la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sostuvo que nunca fue convocado a ampliar la denuncia y volvió a reclamar cambios en los organismos de control

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La decisión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de archivar la denuncia por la venta del avión oficial de Río Negro generó una fuerte respuesta del legislador Luciano Delgado Sempé, quien rechazó los argumentos expuestos por la fiscal Dolores Cardell, aseguró que la investigación fue insuficiente y volvió a cuestionar el funcionamiento de los organismos de control de la provincia.

El legislador peronista sostuvo que la resolución "responde como asesora de Juntos Somos Río Negro" y consideró que la titular de la FIA "no estuvo a la altura de las circunstancias". Sus declaraciones llegaron después de que Cardell desestimara la denuncia presentada por el propio Delgado Sempé y calificara parte de su planteo como una "excursión de pesca", además de cuestionar la "liviandad" con la que, según la resolución, se formularon las acusaciones.

Delgado Sempé sostuvo que la Fiscalía nunca profundizó los aspectos centrales de la denuncia y aseguró que jamás fue convocado para ampliar la información presentada. "La función de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas es perseguir la prueba. Si veía que faltaba algo, me podría haber llamado para ampliar la denuncia. Nunca lo hizo", afirmó.

El legislador insistió en que la operación debía analizarse en su conjunto y volvió a cuestionar que parte del pago por la aeronave se hubiera realizado mediante vuelos sanitarios. Según explicó, el Estado terminó aceptando una modalidad de compensación que, a su criterio, redujo considerablemente el valor real de la venta. "El avión se vendió nominalmente en 2,6 millones de dólares, pero en la práctica una parte importante se pagó con vuelos sanitarios valuados a un precio que nosotros consideramos excesivo", sostuvo.

En ese sentido, señaló que la denuncia también apuntaba a que se investigaran los costos de esos vuelos, incluyendo los denominados "vuelos muertos", correspondientes al traslado de la aeronave sin pacientes. "Eso era parte de lo que pedíamos que se analizara y nunca fue investigado", afirmó.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido al procedimiento de adjudicación. Delgado Sempé recordó que una de las empresas que participó de la licitación presentó una carta documento impugnando el proceso, al sostener que había realizado una oferta más conveniente. Según dijo, ese elemento tampoco fue considerado durante la investigación. "Ni siquiera llamaron a esa empresa para conocer su planteo", aseguró.

El legislador vinculó además esta resolución con el proyecto de reforma constitucional que impulsa para modificar el sistema de designación de quienes integran los organismos de control. Consideró que tanto la FIA como el Tribunal de Cuentas necesitan mayor independencia del poder político y cuestionó el desempeño de ambos organismos.

"Los organismos de control tienen que investigar cuando hay hechos que generan dudas. Para eso existen. Si después no encuentran irregularidades, lo dirán, pero primero tienen que investigar", sostuvo.

Durante la entrevista también hizo referencia a otras actuaciones impulsadas por su bloque, entre ellas la denuncia vinculada con la adjudicación de canteras de arena silícea y otra relacionada con la contratación de un helicóptero para la provincia. En ambos casos cuestionó el accionar del Ministerio Público Fiscal y anticipó nuevas presentaciones ante el Consejo de la Magistratura.

La resolución de la FIA, conocida esta semana, concluyó que no existieron irregularidades en la venta del avión oficial, descartó la existencia de un perjuicio económico para el Estado y sostuvo que la decisión del Ejecutivo estuvo respaldada por informes técnicos y administrativos. Además, la fiscal Cardell consideró que la denuncia presentada por Delgado Sempé no aportó elementos suficientes para acreditar las presuntas irregularidades denunciadas.

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