Por Emiliano Sanhueza (*)

La historia de la organización colectiva de los trabajadores es muy larga y basta al igual que la de los sindicatos. Muchos años de lucha, negaciones, explotación, represión y muerte vienen hasta el reconocimiento del derecho a tener Sindicatos que todos y todas lxs trabajadorxs tenemos y por ende el de negociar colectivamente nuestras condiciones de trabajo. Desde la normativización por el 14 bis, a la ley de asociaciones sindicales de 1988 y en nuestro caso llegando al 2015 con la ley 5009 de paritarias para el sector judicial, en todas el común denominador fue la previa negativa, la estigmatización y la discriminación de las patronales.

Por ello es que si bien nos parecen absolutamente repudiables los dichos de Piccinini en una nota dada al Diario Río Negro en donde expresa que: “A nadie se le exigió más que quedarse en su casa, cuidarse y cobrar su sueldo, que pagan los contribuyentes. ¿Qué reproche gremial puede existir?” Definición que denota prejuicio y desprecio por la actividad sindical que exteriorizó además de manera brutal al impedir por la fuerza pública el ejercicio de nuestra actividad. 

Y claro que existe reproche gremial porque contrario a lo que quiere expresar a la comunidad Piccinini, la finalidad de un sindicato no es la de lograr que sus afiliados cobren un sueldo y se queden en su casa, sino la de asegurar que la labor que realizan por ese salario, por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo, se haga en las mejores condiciones posibles, con claras misiones y funciones, con una jornada que permita previsibilidad en el desarrollo familiar y social de lxs trabajadorxs y en este contexto de pandemia, en las mejores y mas adecuadas condiciones sanitarias y de bio seguridad. Es por ello por lo que reclamamos desde el inicio del ASPO la constitución de un Comité de Crisis que integremos todos quienes tenemos representación y actuamos dentro de tribunales, y posterior convocatoria a paritarias porque justamente somos constructores del dialogo. Logramos con lucha la ley 5009 que el STJ amenazó con declarar inconstitucional y una de las comisiones paritarias permanentes es la de Condiciones y medio ambiente de trabajo.

 Es decir que los dichos de Piccinini no sólo denotan su posición antisindical, sino que busca un consenso negativo de la sociedad hacia nuestra tarea, estigmatizándola y criminalizándola. ¿Dónde está el pueblo (los justiciables) en las declaraciones de la presidenta del STJ? Lo hecho hasta ahora por el STJ y Piccinini en particular ha demostrado que poco le interesa la salud de quienes concurren a tribunales y esto ha sido corroborado al menos por las inspecciones efectuadas por la SET en tribunales de Roca.

Es por ello que una vuelta a tribunales DEBE por obligación legal ser discutida en el ámbito natural que es el paritario a fin de dar garantías reales de sanidad. En un sistema democrático lo que se debería priorizar es el dialogo, pero mientras tanto tenemos que seguir repudiando actitudes que son exactamente las contrarias a la convivencia pacífica y al respeto que nos debemos.

(*) Secretario General de SITRAJUR