La convocatoria a audiencia de formulación de cargos contra el legislador y dirigente sindical Pablo Barreno y otros referentes del Sitrajur por haber ingresado al edificio de Tribunales con intención de verificar las condiciones de salubridad durante la pandemia, en mayo pasado, originó fuertes muestras de repudio de sectores gremiales y políticos.

El llamado efectuado por la fiscal Maricel Viotti Zilli, en el marco de una causa que se inició a partir de la denuncia de la ex presidenta del Superior Tribunal, Liliana Piccinini, se concretará el 24 de febrero próximo.

El Partido Justicialista Distrito Río Negro repudió “el autoritarismo del Poder Judicial de la Provincia que lleva adelante una clara acción persecutoria y de amedrentamiento contra nuestro compañero, el legislador Pablo Barreno y otros dirigentes de su sindicato”, manifestó en un comunicado esa fuerza política que preside Alejandra Mas.

“No es más que una demostración de la impunidad y la soberbia con que las máximas autoridades de ese poder se desenvuelven en el ejercicio de su rol”, manifestó la presidenta del PJ provincial.

Finalmente, Mas pidió que “todo el arco político y gremial de la provincia exprese su rechazo a esta acción de persecución y hostigamiento por parte del Poder Judicial hacia quien ejerce la labor de representar a sus compañeros en el Sindicato y a la población en la Legislatura y, por ello, termina siendo objeto de una causa completamente insólita e irracional, que pone en riesgo la institucionalidad, los valores republicanos y democráticos y la sana convivencia de la sociedad rionegrina”.

Por su parte, el gremio Utedyc consideró que la imputación “carece de sustento legal pero aún más grave es que ataca la libertad sindical en el más amplio de sus sentidos violando, asimismo, preceptos de raigambre constitucional”.

“La libertad sindical ha alcanzado carácter universal y tiene que ver con la vocación de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en agremiaciones que defiendan sus intereses. Alertamos a todos los trabajadores y trabajadoras, un modelo donde se criminalice a quienes defienden sus intereses, donde se persigue con burdos argumentos a referentes gremiales, es propio de un modelo absolutista, autoritario, contrario a lo que los rionegrinos y rionegrinas deseamos”, concluyeron desde ese sindicato.