Río Negro es una de las pocas provincias en la que los colegios que reúnen a los psicólogos no tienen la administración de la matrícula profesional, algo que conlleva la falta de controles y eventuales sanciones por mala praxis o incumplimiento de la Ley que regula la actividad.

Actualmente la autoridad habilitante y responsable de fiscalizar el desempeño profesional de los psicólogos en Río Negro es el ministerio de Salud de la provincia, a diferencia de otras jurisdicciones donde los colegios asumen también esta responsabilidad.

Los profesionales que ejercen en la provincia deben ser reconocidos y habilitados por el ministerio de Salud, pero también tienen la obligación legal (Ley 4.349 de creación de los Colegios de Psicólogos en la Provincia de Rio Negro) de colegiarse, requisito con el que muchos no cumplen y nadie controla ni – eventualmente– sanciona.

El proyecto de Ley impulsado por los legisladores María Eugenia Martini, Alejandro Marinao, Daniela Salzotto y Daniel Belloso del Frente de Todos va, precisamente, en el sentido de jerarquizar los Colegios de Psicólogos de Río Negro otorgándoles la autoridad de administrar la matrícula de sus asociados y realizar los seguimientos de la actividad desde los propios Tribunales de ética y disciplina de cada colegio.

En este sentido la iniciativa plantea la derogación de la Ley 4.349, y el reemplazo por una nueva norma que no solo regule la actividad, sino además les confiera a los colegios profesionales -son 5 actualmente en la provincia– la autoridad para fiscalizar el cumplimiento de la Ley y el correcto ejercicio de la profesión.

“Los Colegios de Psicólogos de la Provincia de Río Negro”, explica el proyecto en sus fundamentos, “se encuentran frente a una grave contradicción al no poder dar lugar a la intervención de su Tribunal de Ética y Disciplina ya que muchas veces los profesionales denunciados no están colegiados, aunque sí matriculados en el Consejo Provincial de Salud Pública. (…), esa función de control y fiscalización”. Señala que “tampoco puede ser ejercida por los Colegios de Psicólogos ya que reposa en la oficina de fiscalización sanitaria, pero fiscalización justamente no tiene en funcionamiento un Tribunal de Ética y Disciplina como así lo tienen los Colegios”.

En otras palabras, cualquier denuncia por mala praxis u otros incumplimientos legales, hoy corre serio riesgo de quedar sin sanción.

“Que como Colegios de Psicólogos de la provincia de Río Negro manifestamos nuestra creciente preocupación por las situaciones de vulnerabilidad a las que se encuentra expuesta la comunidad, siendo afectada respecto a su salud mental debido a la falta de manejo y control del ejercicio profesional”, destaca el proyecto.

Y advierte que “a esto se suma el exponencial crecimiento de prácticas ilegales del ejercicio de la profesión o de pseudo profesiones que se atribuyen funciones de atención y tratamiento, tales como counselors, psicólogos sociales, terapistas florales, socio terapeutas con formación religiosa, etc”.

La falta de controles y el contexto de pandemia que pone a la población en un estado de alta vulnerabilidad, han dado lugar a una serie de prácticas alternativas no reconocidas por las autoridades sanitarias.

“Se trata de un proyecto que viene a poner orden en un aspecto central de nuestro sistema de Salud”, explicó María Eugenia Martini. “

“Las prácticas referidas a la salud mental han estado sujetas a una Ley obsoleta en muchos sentidos”, señaló, y destacó que “son propiamente los colegios de psicólogos de Río Negro quienes han trabajado en la definición de esta nueva Ley; quienes detectan un gris en la normativa, donde el Estado debería intervenir y no lo está haciendo. Estamos recogiendo los aportes técnicos de los profesionales, otorgándoles la facultad de controlar, y procurando actualizar y dar certeza a la labor en todos los ámbitos de ejercicio de la profesión de las y los psicólogas/os en nuestra provincia”.

En otro de sus artículos la Ley dispone que “los profesionales que pretendan el ejercicio de la Psicología, deben inscribir previamente sus títulos o certificados habilitantes en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas correspondientes al lugar de ejercicio profesional”.

En tal sentido, señalan los autores, la nueva Ley permitirá “un control directo sobre los matriculados, tanto en las condiciones o requisitos para desempeñar el ejercicio profesional en nuestra provincia, como así también para sancionar aquellas transgresiones a la ética profesional a través del tribunal de Ética y Disciplina”.

Además de la falta de controles, existen otros aspectos como la falta de guardias en los hospitales y sanatorios privados -tal como se dispone para otras especializaciones-; la falta de uniformidad de criterios clínicos frente a situaciones que se plantean en el ámbito de la salud mental; la inexistencia de estadísticas y relevamientos, y de diagnósticos y prevención de sintomatologías, funciones que hoy no cumple el ministerio de Salud provincial.