Mañana jueves será un día trascendente en la denominada causa "Techo Digno" que investiga el destino de parte de los fondos que debían ir a viviendas en varias localidades rionegrinas y que según los fiscales actuantes fue utilizado con otros fines. El juez Juan Brussino resolverá en el transcurso de la jornada si imputa a la ex intendenta de General Conesa, actual legisladora y presidenta del Partido Justicialista Alejandra Mas y al ex jefe comunal de San Antonio Oeste, Javier Iud, por los delitos de defraudación y utilización de documentos públicos falsos.

En el mismo sentido, el empresario de la construcción, Juan Castelli fue señalado en la audiencia como partícipe necesario de esos delitos.

La fiscal coordinadora Graciela Etchegaray y su par de la primera circunscripción, Juan Chirinos fueron quienes impulsaron la formulación contra Mas, Iud y Castelli en relación a esos planes de viviendas ejecutados desde 2009 a 2015 y que fueron paralizados por la gestión de Mauricio Macri, desde donde se denunció en el juzgado del fallecido Claudio Bonadío.

En 2018 el juez Federal derivó a Río Negro las investigaciones por tratarse de presuntos delitos cometidos en esta jurisdicción. Las imputaciones apuntan a que los jefes comunales certificaron obras en grados de avances mayores a los efectivamente concretados, recibieron dinero para terminar las viviendas pero las obras no fueron finalizadas en tiempo y forma.

La defensa ejercida en el caso de Iud y Mas por Damián Torres, resalta que se trata de una causa netamente política, lo que se evidencia en que solamente Municipios gobernados por intendentes peronistas fueron denunciados por el macrismo, mientras que en el caso de Viedma, que era gobernado por Cambiemos, por ejemplo, el dinero faltante se desembolsó durante la gestión de Macri hacia la comuna a cargo del fallecido José Luis Foulkes, pudiendo concluirse las obras.

El propio empresario Castelli reconoció esta situación, ya que en su alocución, muy conmovido expresó que su firma Oriente Construcciones pudo terminar las casas en Viedma durante la gestión siguiente y en cambio en San Antonio y Conesa no se recibieron los fondos.

A su turno, Mas refirió que la causa se trata de "un claro caso de Lawfare a la rionegrina" y defendió su gestión al frente del Municipio de Conesa, en la cual pudo desarrollar diversas obras para el mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

Iud, en tanto, hizo hincapié en el daño que esta causa le provoca en su vida personal y política, recordando otra situación que atravesó en 2018 y 2019 cuando fue acusado de corrupción de menores, hecho en el que fue sobreseído al confirmarse que la joven que lo denunció habría confesado la falsedad de sus dichos.

Por otro lado, mañana resolverá también el juez Julio Martinez Vivot quien interviene en esta misma causa pero por hechos ocurridos en Cervantes y que tiene como imputado al ex intendente Gilberto Montanaro y empresarios del Alto Valle.

En tanto, ayer la jueza María Gadano resolvió aceptar la formulación de cargos contra los ex intendentes de Choele Choel -y actual legislador- Daniel Belloso, de Río Colorado, Carlos Pilotti y de Godoy -quien sigue en su cargo- Luis Ivancich.

En todos los casos, los argumentos defensivos sostienen que los fondos fueron destinados a las viviendas aunque no pudieron completarse porque también se incluían obras de infraestructura y porque hubo impacto de la inflación en los valores de los trabajos y materiales.

La semana próxima seguirán las audiencias con otros ex intendentes peronistas.