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Por Juan Martín (*)
El sábado 6 de noviembre, en la provincia de
Neuquén, Gendarmería Nacional detuvo a tres personas que ingresaban al país por
un paso fronterizo ilegal. Se trataba de tres ciudadanos chilenos que
transportaban municiones y ropa mimetizada.
Un día después, el domingo 7, en Chubut la Policía
Federal detuvo a Facundo Molares Schoenfeld, sobre quien pesaba un pedido de
captura en Colombia por su participación en un secuestro organizado por las
FARC.
Estos dos hechos, lejos de ser aislados, tienen
mucho que ver entre ellos y con la violencia que desde hace años azota a la
región cordillerana.
Todos vimos un video en el que un grupo chileno
autodenominado mapuche muestra y dispara sus armas mientras le declara la
guerra al Estado del vecino país. Ahora, nos encontramos con gente que traslada
municiones de Chile a la Argentina y nos preguntamos, ¿se estarán organizando
grupos similares de este lado de los Andes?
También sabemos que existe una conexión entre las
FARC y este estos grupos. Ya en 2008, cuando las fuerzas armadas colombianas
abatieron al segundo jefe de la organización terrorista, Raúl Reyes, se
encontraron mails en los que se hablaba de trasladar activistas chilenos a la
selva de Colombia para que recibieran entrenamiento.
Está claro que el conflicto que se desarrolla en
nuestra Patagonia ya no se trata sólo de usurpaciones de tierras y ataques
incendiarios o con piedras. Estamos frente a una organización con
ramificaciones internacionales, que aún no mostró todo su poderío en nuestro
país pero que podría hacerlo en cualquier momento.
Por eso es necesario que el Estado deje de mirar
para otro lado y que se decida a usar todos sus recursos para hacer respetar su
soberanía y las leyes.
Aunque esencialmente este es un rol que le
corresponde al Estado Nacional, las provincias no pueden permanecer ajenas a
este drama que se está desarrollando en su territorio.
Por eso hace unos días le propuse a la Gobernadora
de Río Negro, Arabela Carreras, la creación de una Unidad Especial de
Prevención e Investigación Antiterrorista de la policía provincial.
La idea apunta a contar con recursos humanos y
materiales especializados que puedan sumar a un esfuerzo conjunto con otras
provincias, con la Nación e incluso con Estados extranjeros. Algo similar a lo
que sucede en materia de narcotráfico, un delito de jurisdicción federal el
cual las provincias contribuyen a combatir a través de divisiones específicas
de sus fuerzas de seguridad.
Hoy la Gobernadora de Río Negro, como otros
mandatarios de la región, tiene la oportunidad de disponer de herramientas que
permitan combatir a estas organizaciones, más que nada cuando quedó en
evidencia que el Gobierno Nacional lo hace a desgano, cuando lo hace.
Ojalá se imponga la cordura y esta idea sea
escuchada, debatida, mejorada y puesta en práctica. Ojalá los rionegrinos
dispongamos pronto de herramientas para defendernos de quienes quieren destruir
la convivencia pacífica que siempre caracterizó a esta tierra.
El compromiso contra la violencia y a favor de la Constitución Nacional es algo que debe unirnos más allá de toda bandería política. Es momento de demostrar madurez, porque mañana puede ser demasiado tarde.
16 noviembre 2024
Opinion