La fiscal dijo que “se deben cumplir los roles que cada uno tiene en el sistema; esta decisión reconduce los procesos y nos instruye a continuar, investigando”.

Dijo que “el STJ avaló la continuación de la investigación y las defensas harán lo que tengan que hacer en este sentido”.

Anunció que “nos reuniremos con el equipo, analizaremos cada legajo para ver el estado actual y seguir el camino de recolectar pruebas evidentes para llegar a una conclusión de esta etapa, que puede derivar en avanzar en el control de acusación o en el pedido de sobreseimiento sino alcanzara”.

Dijo que “el equipo se reunirá, analizaremos los legajos, y tomamos lo del STJ para que se continúe el tramite legal para pasar las etapas pertinentes”.

Dijo que se tomó “la decisión de esperar la resolución del STJ” en todas las jurisdicciones”, donde el estadío judicial es bastante parecido. “Nos pareció prudente esperar la resolución en función del deber de objetividad que se debe tener”, agregó.

En su análisis, el STJ insistió que el sobreseimiento de Gandolfi y la ratificación por parte del Tribunal de Impugnación fueron medidas “prematuras” ya que “es recién al concluir la etapa preparatoria cuando el Ministerio Público Fiscal -como acto conclusivo- puede formular su acusación y precisar las figuras jurídicas involucradas” la que al “momento de requerir la apertura de juicio puede ser distinta”.

Recordó que “en la siguiente etapa (intermedia), en la que se efectúa el control, de advertirse errores formales de la acusación, el juez puede otorgar cinco días de plazo para subsanarlos. El Ministerio Público Fiscal puede no estar de acuerdo y solicitar revisión, mas si no actúa de tal modo o deja transcurrir el plazo sin sanear, el sobreseimiento será obligatorio porque la acusación se tendrá por no presentada”.

Las acusaciones, que se reparten en las cuatro circunscripciones, se concentran en las diferencias de los fondos enviados por Nación y el nivel de construcción de las viviendas en el 2016 cuando la Provincia asumió la continuidad de esos planes federales.

En abril, la discusión por las acusaciones fiscales llegó al STJ, que empezó su análisis en audiencias presididas por su titular, Sergio Barotto, con la participación de los otro cuatro miembros, Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian, Sergio Ceci y Cecilia Criado.

En esa ocasión, el cuerpo escuchó al fiscal general Fabricio Brogna y los defensores de los imputados. Un primer debate se concentró en la apertura o no del análisis por parte del máximo tribunal, lo cual, fue aceptado y, posteriormente, se avanzó en el tema en conflicto: el alcance de la investigación de los fiscales, con sus imputaciones en la actual instancia.

El Ministerio Público defendía esa potestad porque entendía que los fallos de jueces y del Tribunal de Impugnación avanzaban en sus facultades, considerándolo como una situación de “grave por sus consecuencias institucionales”.

Advertía que el fallo del TI -que anuló las acusaciones fiscales- significaría que estos “hechos de corrupción se cerrarían” sin su etapa de “investigación formal” y explicaría “la sospecha que el juez ha actuado por la presión de los intereses políticos o económico”.