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Las empresas megamineras extranjeras buscan entregar cualquier tipo de dádivas a los pequeños productores y comunidades indígenas para que autoricen el ingreso a sus territorios y campos, de sus topadoras y maquinarias para cateo, exploración y explotación de oro, plata, uranio y otros minerales de primera categoría.
Pero lo más grave en términos institucionales, es que el Ministerio de Gobierno de Arabela Carreras allana el camino a esos inescrupulosos empresarios, intentando una especie de trueque: pretenden cambiar un título de propiedad que es un derecho de los pobladores rurales por años incumplido, a cambio de que se abran las tranqueras para los negocios empresarios.
Desde hace décadas parecen cuervos volando sobre su presunta presa, el pueblo rionegrino.
Con lo que no contaban seguramente, es con la dignidad de un pueblo que no se compra ni se vende. Y que lo demostró con hechos y a través de largos 18 años.
La megaminería en Río Negro, no contó, ni cuenta, ni contará con Licencia Social, fundamentalmente por dos razones, aunque se pueden sumar muchas otras:
A) Ingeniero Jacobacci y su zona de influencia, no tienen agua. Siguen en emergencia hídrica. El proyecto megaminero de “Calcatreu”, fue rechazado desde 2005 por la lucha del pueblo rionegrino. Muchos de los activistas ambientales de esos años, siguen hoy de pie, firmes con las convicciones intactas. Se merecen toda nuestra admiración como también la Iglesia católica de Ingeniero Jacobacci que tuvo un rol fundamental en aquella gesta histórica. En mi caso, tuve el honor de ser la primera autora del proyecto de ley que ingresó en la Legislatura de Río Negro, aunque luego el ex gobernador Miguel Saiz lo hizo suyo y finalmente la ley que prohibía el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas para la extracción de minerales de primera categoría, se sancionó con amplio apoyo popular.
Con la derogación de esta ley en el 2011 (sin mi voto), donde la actual Gobernadora Carreras fue “miembro informante”, lograron destruir la norma y la protección al ambiente que ella implicaba, pero, así y todo, las empresas multinacionales no pudieron ver avanzar sus “megaproyectos”, porque la gente, simplemente les dijo: “No”.
B) No hay proceso -como lo denuncia de la Coordinadora del Parlamento Mapuche y CODECI- de consulta libre, previa e informada. O sea, que mientras ello no se cumpla en forma suficiente y de acuerdo estándares del convenio 169 de la OIT, no se puede avanzar en ningún proyecto que afecte a los pueblos indígenas, y a los pequeños productores que necesitan el AGUA para vivir y mantener sus campos y animales.
El bloque normativo ambiental provincial, que estuvo bastante en desuso en estos últimos 10 años, establece la obligación de implementar un sistema de Audiencias Públicas con información cierta y fidedigna previa para todos los rionegrinos. Estas formas de democracia “semidirecta”, no deben circunscribirse a un sitio puntual de la Provincia, sino que por la trascendencia pública que adquiere el tema, todos y cada uno de los rionegrinos y rionegrinas deben poder opinar y ser consultados.
Por el contrario, el Ministro de Gobierno Buteler y la propia Gobernadora, permiten que las empresas multinacionales silenciosamente, convoquen a algunas personas de buena voluntad entre “gallos y medianoches”, lo cual quiebra el principio de transparencia, el libre acceso a la información y participación ciudadana, prevista no solo en la ley rionegrina, sino fundamentalmente en el Acuerdo de Ezcazu, suscripto por Argentina recientemente.
El Gobierno Nacional dijo durante el debate que se dio en nuestra hermana Chubut, que son los propios pueblos de cada provincia, los que dicen SI o NO a cada emprendimiento productivo capaz de afectar la salud de sus habitantes y al ambiente.
Por lo tanto, Señores empresarios, entiendan de una vez, que el pueblo de esta provincia está convencido de que “El Agua Vale más que el oro" desde hace 18 años y que ninguna dádiva, por más abultada que sea, lo va a hacer renunciar a sus principios.
16 noviembre 2024
Opinion