La Justicia ratificó la sentencia emitida el año pasado que ordena al Estado indemnizar con la suma de $15 millones a la familia Martínez Vinaya, en virtud de los perjuicios ocasionados por la presunta "falta del servicio judicial". La resolución se basa en las consecuencias de las investigaciones infructuosas y los procesos fallidos vinculados al homicidio del joven Atahualpa Martínez, ocurrido hace más de 15 años.

El juez Contencioso Administrativo, Julián Fernández Eguía, había fallado a favor de los familiares en una demanda presentada en relación con la "negligencia, omisión y disfuncionalidad del Poder Judicial". A pesar de la apelación presentada por la Fiscalía de Estado, la Cámara Civil de Viedma recientemente confirmó la decisión del año anterior, aumentando la indemnización de $6 millones a la cifra actual de $15 millones.

La Cámara Civil rechazó la apelación argumentando que "todo el proceso modificó la vida familiar del joven Atahualpa, desgastó la salud y vida de aquellos, afectándolos más allá de lo debido". Señaló además que la situación era de conocimiento público, destacando las numerosas marchas en busca de justicia que se llevaron a cabo durante los más de 14 años que duró el proceso.

El fallo indicó que el "deficiente servicio prestado" por el Poder Judicial fue el nexo causal adecuado para generar el daño a las afecciones no patrimoniales, y la indemnización busca mitigar la lesión en los sentimientos, la inquietud espiritual y el agravio a las afecciones legítimas de la familia, incluyendo angustias, miedos, padecimientos y tristeza derivados de la situación vivida.

Es relevante destacar que esta sentencia de la Cámara Civil de Viedma no es definitiva, ya que la Fiscalía de Estado tiene la posibilidad de cuestionarla mediante un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.