Ante el anuncio de la implementación de un protocolo anti–expresión del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.

"Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

“Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó.

Aguiar señaló además que no existe norma que defina qué es una protesta. “La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria”, profundizó.

“Patricia Bullrich viene a decir cómo hay que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”, agregó.