La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el anuncio de cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). “Si avanza con esta decisión, el Gobierno inicia un grave retroceso para el sistema democrático de nuestro país”, apuntó el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar.

“El Gobierno quiere arrasar contra el derecho de igualdad y la no discriminación que se encuentra protegido no sólo por nuestra Constitución Nacional, sino también por diversos tratados de derechos humanos. No hay dudas que esta es una revancha del presidente Javier Milei contra un organismo que lo había denunciado en reiteradas oportunidades por sus expresiones discriminatorias y violentas hacia las mujeres en distintos ámbitos”, agregó el dirigente estatal.

Aguiar indicó que “eliminar el INADI es ponerle freno a una reparación histórica sobre la deuda que tiene nuestro país todavía con grandes sectores de la población que durante años han sido vulnerados y estigmatizados. Avanzar con su cierre sería ilegal. Tiene que quedar claro que cada funcionario que firme resoluciones ilegales, va a terminar preso”, agregó.

“Cuando hablan de cerrar este instituto, lo que quieren en realidad es quitarse de encima un obstáculo y poder profundizar el saqueo de nuestros recursos naturales: si no hay INADI los pueblos indígenas podrían ser abiertamente discriminados y eso les daría una vía libre para apoderarse del agua y del territorio. Sin lugar a dudas, esto forma parte de un plan sistemático para que los grandes grupos empresarios profundicen el saqueo de nuestro país”, concluyó el dirigente de ATE.

Esta decisión anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, implica que cientos de personas perderán su fuente de empleo, siendo la mayoría de ellas mujeres, y frente al anuncio del vocero de cerrar además otros organismos, la cifra ascendería a miles de puestos de trabajos.

El instituto fue creado a través de la Ley Nº 24.515 en 1995 y tiene por objetivo recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias; brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo; diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural.