La propuesta para que las y los trabajadores estatales de Río Negro puedan elegir una obra social distinta de IPROSS genera posiciones diferentes entre los sindicatos de la administración pública. Mientras ATE considera que el sistema solidario no estaría actualmente en riesgo y reclama conocer el proyecto definitivo, Sitrajur advierte que la iniciativa puede provocar un vaciamiento de la obra social provincial y cuestiona que pueda abrir la puerta a una privatización.

Hasta ahora, el proyecto recibió cuestionamientos de UNTER y UPCN que también expresaron preocupación por las consecuencias que podría tener la salida de afiliados sobre el financiamiento y el carácter solidario de la obra social. Las nuevas posiciones de ATE y Sitrajur incorporan matices diferentes a esa discusión.

La postura de ATE Río Negro fue expresada a Diario La Palabra por su secretario general, Rodrigo Vicente, quien remarcó que hasta el momento el gremio cuenta principalmente con los anuncios realizados por el Gobierno y que, antes de fijar una posición definitiva, considera necesario conocer el texto que finalmente será enviado a la Legislatura.

Vicente planteó, de todos modos, que ATE no observa actualmente un riesgo concreto para el sistema solidario del IPROSS. El dirigente estimó que la cantidad de trabajadores que podrían optar efectivamente por otra cobertura sería reducida, debido a que con el aporte actual resultaría difícil acceder a una prestación privada equivalente sin afrontar una diferencia económica significativa.

Para ATE también es necesario considerar la situación que atraviesa el conjunto del sistema de salud. Vicente señaló que las obras sociales y las coberturas privadas enfrentan dificultades de financiamiento, por lo que consideró que IPROSS mantiene un valor importante para trabajadores y jubilados de Río Negro.

Esa mirada no implica, aclaró, desconocer los problemas de la obra social provincial. Desde ATE sostienen que en distintas oportunidades reclamaron por falencias en el funcionamiento del IPROSS y mejoras en sus prestaciones, aunque también destacan coberturas que consideran relevantes, como medicamentos oncológicos, tratamientos para diabetes, urgencias y prácticas de alta complejidad.

El gremio estatal entiende que esas prestaciones serían difíciles de obtener en el sector privado con un nivel de aporte similar. Por eso, para Vicente, la discusión debería concentrarse principalmente en cómo fortalecer, financiar y normalizar el IPROSS, más que en determinar cuántas personas podrían abandonar la obra social.

En esa línea, ATE reclama avanzar hacia una conducción en la que tengan participación real las y los trabajadores activos y jubilados. Para el sindicato, la normalización de la institución y la discusión sobre su financiamiento forman parte de una agenda que debería ser abordada independientemente de la posibilidad de libre elección.

ATE también plantea una condición específica si finalmente se implementa el nuevo régimen: los funcionarios de los tres poderes del Estado deberían quedar excluidos de la posibilidad de elegir otra cobertura. El argumento es que quienes tienen responsabilidades de gobierno también deberían comprometerse con el sostenimiento de la obra social provincial.

Sitrajur no comparte 

La mirada de Sitrajur, en cambio, es más crítica frente al proyecto anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck. El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro advierte que la libre elección puede desencadenar un vaciamiento del IPROSS y califica la iniciativa como un posible intento de privatización.

Desde el gremio judicial consideran que el principal problema a discutir no es la posibilidad de abandonar la obra social, sino cómo se financia y cómo se redistribuyen sus recursos, cuáles son las prestaciones que brinda y cómo debe organizarse su conducción. También plantean revisar la cantidad de vocalías gremiales que corresponden dentro de la estructura de la obra social.

Sitrajur incorpora además a la discusión la situación salarial de las y los agentes estatales. El sindicato sostiene que existe un porcentaje importante de los ingresos que se encuentra fuera de los componentes salariales que impactan directamente en el financiamiento del IPROSS, por lo que propone revisar esa estructura como parte de una discusión integral sobre los recursos de la entidad.

El gremio judicial advierte especialmente sobre el posible efecto que tendría la libre elección sobre la composición de la obra social. Su planteo es que quienes cuentan con mayores ingresos podrían ser los primeros en migrar hacia coberturas privadas, dejando a una proporción mayoritaria de agentes públicos dentro de un IPROSS con una base de aportantes y recursos más reducida.