Formulan cargos a ex intendentes y funcionarios por defraudación en Sierra Grande

La Fiscalía imputa a dos ex jefes comunales y varios funcionarios en el marco del plan federal 'Techo Digno'

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El Ministerio Público Fiscal presentó cargos contra dos ex intendentes de Sierra Grande, varios funcionarios municipales y un empresario por presunta defraudación y uso de documentos falsos en la ejecución de viviendas del plan federal 'Techo Digno'.

La investigación se originó a partir de irregularidades denunciadas por funcionarios nacionales. La Fiscalía atribuye a los ex intendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, y a sus respectivos secretarios, la coautoría en actos calificados como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Al empresario implicado se le acusa de ser partícipe necesario.

En diciembre de 2014, el entonces intendente Renzo Tamburrini firmó un convenio para la construcción de 40 viviendas e infraestructura. La obra debía completarse en 12 meses, con un presupuesto de más de 16 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, aunque se certificaron avances del 71%, una inspección en 2016 reveló que el progreso real era solo del 34%, generando un perjuicio de 5 millones de pesos, equivalente a más de 130 millones de pesos a valores de 2023.

El segundo hecho involucra al sucesor de Tamburrini, Nelson Iribarren, quien habría ordenado pagos indebidos por obras de infraestructura no realizadas, informando falsamente avances de obra. Según la acusación, los pagos realizados, sin respaldo de los desembolsos de Nación, superan los 46 millones de pesos a valores actualizados.

La Fiscalía detalla que ambos intendentes firmaron resoluciones internas autorizando los pagos, apoyándose en certificaciones falsificadas por sus funcionarios. La investigación, que ya consta de seis cuerpos, se sustenta en múltiples inconsistencias en certificados y firmas.

Las defensas de los imputados solicitaron precisiones y algunos abogados se opusieron a la formulación de cargos, adelantando que debatirán en el momento procesal oportuno. El Juez de Garantías dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses.

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