STJ anuló indemnización a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya

El fallo concluyó que no se pudo probar que, de haberse realizado algunas partes de la investigación a tiempo, el caso se hubiera resuelto

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó una sentencia que otorgaba una indemnización por la investigación penal no resuelta a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya. La decisión del tribunal sostiene que no se probó la relación causal entre las omisiones en la investigación y el resultado final del proceso penal, lo cual es esencial para que el Estado deba resarcir por daños y perjuicios.

En el fallo, el STJ argumenta que el esclarecimiento de un delito constituye una obligación de medios, no de resultados. Responsabilizar al Estado por no resolver un caso penal implicaría convertirlo en asegurador de todos los hechos, una perspectiva que el tribunal rechaza. Esta posición se apoya en fallos previos de la Corte Suprema, que establecen que el Estado sólo responde si el perjuicio es consecuencia directa de una omisión, siendo la carga de probar esta causalidad responsabilidad del reclamante.

La familia de Atahualpa Martínez Vinaya, habían recibido una indemnización en una sentencia inicial. Esta sentencia se basó en la demora en la prueba de ADN de una campera secuestrada y la no realización de una inspección ocular en el local "Miloka". Tras una revisión detallada del expediente, el STJ concluyó que no se pudo probar que, de haberse realizado estas diligencias a tiempo, el caso se hubiera resuelto.


Además, el tribunal recordó que para que exista una indemnización, debe demostrarse que si las medidas de investigación se hubieran desarrollado a tiempo, el curso del proceso podría haber cambiado, logrando el esclarecimiento del hecho y la individualización de los autores, evitando la impunidad.


En diciembre de 2022, en un inédito fallo de la Justicia Civil se condenó al Poder Judicial de Río Negro a pagar un resarcimiento económico de $6.380.000 a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya el joven universitario asesinado el 15 de junio de 2008 en Viedma y cuyo caso aún permanece impune.


"Existió negligencia en el accionar policial y de funcionarios judiciales", dijo el abogado de la familia, Fabio Igoldi, al comentar el fallo.



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