En una audiencia de procedimiento abreviado realizada este martes, un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por su responsabilidad en un robo agravado cometido el 18 de marzo de 2024 en una vivienda de la costanera de Viedma. La sentencia fue acordada entre la Fiscalía y la defensa del acusado, quienes coincidieron en la pena solicitada.

Según expuso la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el condenado ingresó a la vivienda junto a dos menores de edad, uno de los cuales no pudo ser identificado. Mientras uno de los involucrados ataba y amenazaba a la propietaria, los otros revisaban la casa y sustraían dinero en efectivo y diversos elementos de valor antes de huir del lugar.

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público y el Gabinete de Criminalística. Entre las pruebas fundamentales se destacaron pericias odorológicas que vincularon al imputado con elementos secuestrados en la vivienda y registros de intervenciones telefónicas en los que el propio acusado reconocía haber organizado el robo.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó al hombre por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, por haber sido cometido en poblado y en banda y por la participación de menores de edad. Además, se informó que el condenado no contaba con antecedentes penales. Asimismo, se aclaró que la víctima no sufrió lesiones y que estaba al tanto del proceso judicial.

El Juez de Juicio que presidía la audiencia consultó al acusado sobre su responsabilidad en los hechos, a lo que este confesó su participación. Finalmente, se dispuso su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Previo al inicio de la audiencia, la defensa del condenado solicitó que no se difundan su identidad ni su imagen, argumentando que en una situación anterior su hija menor de edad había sido increpada en la escuela debido a la exposición mediática del caso. La solicitud fue aceptada por el magistrado, quien ordenó la reserva de los datos personales del imputado para evitar consecuencias sobre su entorno familiar.