Una jueza de Familia de Roca ordenó a un hombre compensar económicamente a su expareja durante los próximos 23 años, tras una separación que evidenció una profunda desigualdad patrimonial. La mujer, de 53 años, se encontró sin bienes propios, sin aportes jubilatorios y con escasas posibilidades de inserción laboral luego de haberse dedicado a la crianza de seis hijos y a la administración de negocios familiares.

El matrimonio se había iniciado con escasos recursos y, con el tiempo, acumuló un vasto patrimonio compuesto por unas 8.000 hectáreas de campo con regalías petroleras, múltiples viviendas y 14 vehículos. Sin embargo, todos los bienes quedaron a nombre del hombre, mientras que la mujer, a pesar de haber participado activamente en el crecimiento económico de la familia, no figuraba como propietaria de ninguno.

La demanda presentada ante la Justicia argumentó que la mujer vivió “en una cárcel de cristal”, donde, si bien tenía sus necesidades cubiertas, dependía completamente de su pareja. Durante la convivencia, no pudo acceder a un empleo propio ni continuar con su educación, lo que la dejó en una situación de vulnerabilidad tras la separación.

La jueza sostuvo que la compensación económica es un mecanismo para corregir la desigualdad patrimonial derivada de la ruptura y destacó que cualquier integrante de la pareja puede solicitarla si queda en una situación de desventaja. Para fijar el monto, se tuvieron en cuenta factores como la diferencia patrimonial entre ambos, la dedicación a la familia, la edad y la posibilidad de la mujer de reinsertarse en el mercado laboral.

Además, una pericia psicológica acreditó que la mujer fue víctima de violencia económica y emocional durante la relación. Esto influyó en la decisión de la jueza, quien determinó que el hombre deberá abonar una suma equivalente al 20% de sus ingresos mensuales durante los próximos 23 años, con un piso mínimo de tres salarios mínimos.

El fallo busca permitir que la mujer recupere estabilidad financiera y adquiera herramientas para su autonomía, garantizando su acceso a un sistema de seguridad social y laboral acorde a su nueva realidad.