Por Andrés Alvarenga*

Hoy se conocerá el dato de inflación de abril, y todo indica que el gobierno podrá celebrar una cifra más baja que la de marzo. En un mes clave marcado por el anuncio de la salida del cepo para individuos, la administración de Javier Milei se apoya en esta señal como prueba de su capacidad para ordenar la macroeconomía. Sin embargo, detrás del número positivo, hay una estrategia de contención con costos sociales concretos: el congelamiento de salarios.

El gobierno ha logrado planchar el dólar —una herramienta clave para frenar la inercia inflacionaria— y ahora deja de intervenir directamente en ese mercado, al menos para el segmento de individuos. Pero no es lo único que se ha planchado. También los sueldos permanecen reprimidos, sobre todo en el sector privado registrado, donde la Casa Rosada resiste con fuerza cualquier acuerdo paritario por encima del 1%. La razón es clara: construir la expectativa de una economía donde todos los precios —no solo los del dólar o los bienes— se acomoden a una tendencia descendente hacia una inflación del 1% mensual.

La pulseada con los gremios grandes es parte central de esta estrategia. El Ejecutivo busca evitar cualquier convalidación de aumentos que puedan desalinear esa narrativa. Y mientras tanto, los salarios pierden poder adquisitivo. Marzo cerró con un 3,7% de inflación, y aunque abril se ubique por debajo del 3%, las paritarias al 1% suponen una pérdida real del ingreso de los trabajadores. La lógica oficial es clara: el salario es un precio más dentro del sistema económico, y mantenerlo quieto ayuda a consolidar la baja general de precios.

El problema es que este ajuste no es inocuo. Impacta especialmente en los trabajadores registrados, tanto del sector privado como del público, que ven cómo sus ingresos se estancan mientras la inflación todavía erosiona su poder de compra. Este descalce entre precios y salarios es el precio que el gobierno está dispuesto a pagar para llegar a octubre con una inflación baja que respalde su proyecto político.

Luis Caputo ya lo adelantó: el gobierno quiere "derrotar a la inflación", incluso más allá de octubre. Pero la mirada electoral de corto plazo es innegable. Mostrar un sendero descendente en los precios es el ancla discursiva para una campaña que aspira a consolidar poder legislativo. En ese contexto, el gobierno apuesta a que el votante valore más la estabilidad macro que el ajuste micro en su bolsillo.

La apuesta es arriesgada. Funciona mientras haya cierta tolerancia social al sacrificio. Pero la tensión crece, y el éxito político de Milei dependerá de si logra sostener esa narrativa sin que el desgaste salarial dinamite su capital electoral.

*Pte. Igualdad Rio Negro