El dirigente gremial Emiliano Sanhueza dejó la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), aunque seguirá integrando la conducción como secretario adjunto. En su reemplazo asumió Marco Calarco, quien encabezará la nueva etapa del sindicato judicial en la provincia.

Sanhueza destacó que se trata de un “enroque” que no implica cambios sustanciales en la orientación del gremio: “Va a haber continuidad, una coherencia en lo que venimos trabajando. Eso lo entendieron nuestros compañeros y compañeras, que ratificaron con su voto a la lista Celeste y Blanca”.

Consultado por la política salarial, Sanhueza explicó que desde el segundo semestre de 2024 Sitrajur logró acuerdos salariales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que este año se firmó un acuerdo con idéntico criterio para los primeros cinco meses. Sin embargo, expresó preocupación por el cumplimiento de la cláusula de revisión: “Nosotros exigimos la revisión de los meses de marzo y abril, que cerraron por debajo de la inflación. Es un acuerdo firmado y su cumplimiento está respaldado por la Ley 5009”.

El dirigente señaló que la inflación superó las previsiones utilizadas para negociar: “Nos guiamos por el índice REM del Banco Central, pero no alcanzó. Por eso exigimos que se respeten los términos del acuerdo y que se ajuste retroactivamente”.

Respecto de los próximos tramos salariales, indicó que el objetivo sigue siendo recomponer el poder adquisitivo: “No pedimos más que otros sectores. En diciembre de 2023, tras la devaluación, nuestros salarios cayeron un 20%. Queremos recuperar eso para volver a los niveles de noviembre del año pasado. Lo planteamos como una política salarial racional”.

También advirtió sobre otros factores que afectan los ingresos de los trabajadores, como la desregulación de tarifas, medicamentos y alquileres. “Frente a eso, mantener acuerdos por encima del IPC es apenas un paliativo”, sostuvo.

En cuanto a la relación con el Superior Tribunal de Justicia, Sanhueza la calificó como “mejor que en gestiones anteriores”, y destacó como ejemplo el acuerdo que permitió destrabar el sistema de concursos para ascensos, beneficiando a 800 trabajadores del Poder Judicial.

Sin embargo, expresó duras críticas hacia la Secretaría de Trabajo por la anulación del proceso de elección de la vocalía gremial del Ipross. “La resolución es vergonzosa, técnicamente infundada y políticamente peligrosa. Desconoce un acuerdo entre sindicatos de base convocados por la propia Secretaría. Se vulnera la voluntad de la mayoría porque no les gustó el resultado”, afirmó.

Sanhueza advirtió que si se habilita este tipo de intervenciones, “las vocalías gremiales quedarán a merced del Ejecutivo”, lo que consideró “aberrante y ajeno a la legalidad”. Cuestionó además que se pretendan imponer requisitos de representación municipal y provincial que ni la ley ni los acuerdos previos establecían, y anticipó que se impugnará la medida y se defenderá la representación sindical en todos los ámbitos.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el trabajo gremial y con los objetivos que el sindicato ha sostenido históricamente: “La lucha por el salario, las condiciones laborales y la democracia sindical no se negocian. Vamos a seguir firmes en ese camino”.