La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) expresó su “absoluto repudio” al Decreto 383/2025, mediante el cual el Gobierno nacional aprobó un nuevo estatuto de procedimientos para la Policía Federal. Según el sindicato docente, la norma “avanza directamente sobre las libertades individuales” y representa un intento de “legalizar métodos dictatoriales en democracia”.

El comunicado difundido por la organización cuestiona con dureza la decisión del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de otorgar nuevas atribuciones a la Policía Federal en nombre de la lucha contra el delito. “Hablan de libertad y democracia, pero definen políticas de control policial similares a regímenes autoritarios”, señala el pronunciamiento, firmado por la conducción provincial del gremio.

UnTER advirtió que la nueva normativa profundiza “prácticas antidemocráticas denunciadas por los organismos de derechos humanos” y habilita tareas de inteligencia criminal “sin control judicial”. En ese marco, el sindicato alertó que el verdadero objetivo del decreto es “criminalizar la protesta, desarticular luchas sindicales y sociales, y legalizar la persecución contra las comunidades que defienden sus territorios”.

“Es una metodología fascista para generar miedo, delación y justificar la represión estatal, detenciones arbitrarias, requisas y allanamientos sin orden judicial”, afirmaron. También señalaron que la normativa consolida “una estructura con capacidad de investigar y vigilar sin rendir cuentas a la Justicia”, lo que contradice principios constitucionales y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Desde la organización recordaron que el país ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por prácticas represivas y procedimientos anticonstitucionales. “Durante más de 40 años hemos defendido la vida democrática, el respeto a la división de poderes y propugnado por terminar con la violencia institucional. Hoy nos encontramos con que esas metodologías se legalizan por decreto”, sostuvieron.

En el cierre del documento, UnTER exigió a diputadas, diputados, senadoras y senadores que “pongan límite a este accionar” y que “hagan cumplir al presidente y sus funcionarios la Constitución Nacional”. Además, convocó a las organizaciones del campo popular a unificar fuerzas “en defensa irrestricta de la vida democrática” y ratificó su compromiso con el “Nunca Más a la represión y el terrorismo de Estado”.

El pronunciamiento lleva las firmas de María Inés Hernández, secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades; Pablo Holzmann, secretario de Prensa, Comunicación y Cultura; María Castañeda, secretaria Gremial y de Organización; Gustavo Cifuentes, secretario Adjunto; y Silvana Inostroza, secretaria General de UnTER