La Justicia de Río Negro abrió una investigación por presuntas irregularidades en el pago de guardias dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), con sede en Viedma, tras detectar posibles inconsistencias en la liquidación de servicios que no habrían sido prestados.

La causa está en manos de la fiscal Paula De Luque, quien llevó adelante este miércoles una requisa en la delegación del organismo ubicada en Caseros y México, donde se secuestraron cuadernos de registros de guardias y un teléfono celular. La medida fue autorizada por el juez Juan Brussino, en el marco de la denuncia iniciada por los voluminosos montos abonados, presuntamente sin sustento en tareas efectivamente realizadas.

Las primeras líneas de la investigación apuntan a la Coordinación de Guardias de Protección Integral, aunque no se descarta que la pesquisa pueda ampliarse. Según trascendió, también se habría realizado una diligencia en un domicilio particular con el objetivo de reunir pruebas y documentación adicional.

El foco está puesto en la asignación direccionada de guardias y en la posible existencia de una estructura de pagos injustificados, que habrían representado importantes erogaciones de fondos públicos por parte del Estado provincial.

La SENAF es un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, y está actualmente a cargo de Silbana Cullumilla. Hasta el momento no hubo comunicación oficial del Gobierno respecto de lo sucedido, lo que motivó cuestionamientos desde sectores de la oposición.

El legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, fue uno de los primeros en visibilizar el tema. En sus redes sociales se preguntó: “¿Alguien del Gobierno va a informar oficialmente qué está pasando en la SENAF de Viedma?”, y aseguró haber recibido datos sobre los allanamientos y el secuestro de documentación y celulares.

Además, el parlamentario roquense recordó que se trata de la Secretaría “más sensible” de la provincia, al tratarse de un área que trabaja directamente con niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. “El silencio del Ejecutivo no puede prolongarse en un tema que involucra derechos fundamentales”, sostuvo.

La evolución del caso podría implicar nuevas diligencias y citaciones, mientras la fiscalía evalúa la información secuestrada y analiza posibles responsabilidades administrativas y penales.