Padres y familiares autoconvocados de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras discapacidades denunciaron que el sistema de atención está al borde del colapso tras el veto total del presidente Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. “Las asociaciones, fundaciones y prestadores están entrando en rojo. Si esto sigue así, en octubre muchas instituciones no llegan y vamos a tener que volver a tener a nuestros hijos en casa todo el día, como hace décadas”, alertó Juan Marcelo Gómez, vocero del grupo.

El referente explicó que los aranceles que se pagan por transporte y terapias están congelados desde hace dos años, mientras que los costos, como el combustible y los salarios, no dejan de aumentar. “Los profesionales siguen por vocación, pero ya no pueden sostenerse. En la comarca, además, hay muy pocos: un solo neurólogo infantil, escasos psicólogos, psicopedagogos y terapistas. Y los que hay empiezan a dejar de trabajar con obras sociales porque no les alcanza para vivir”, indicó.

Gómez sostuvo que si los centros de día y prestadores comienzan a cerrar, se perderán derechos fundamentales. “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional, pero no se está cumpliendo. Si se caen los servicios, se cae todo el proceso de autonomía de las personas con discapacidad. No se trata de un gasto, se trata de una inversión. Si no se garantiza el acceso a terapias y apoyos, los chicos y chicas no van a poder lograr independencia ni trabajar en el futuro”, afirmó.

En este contexto, padres y familiares se movilizarán este martes a las 13 horas en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno de Río Negro. Allí entregarán un petitorio dirigido al gobernador Alberto Weretilneck, con el pedido de que convoque a una mesa de diálogo urgente con todas las asociaciones y fundaciones que trabajan en discapacidad en la provincia.

“Necesitamos que el gobernador hable con sus senadores y diputados para que voten en contra del veto, y consigan los dos tercios necesarios para que la ley se apruebe nuevamente. Pero también necesitamos respuestas locales: si Nación no cubre, alguien va a tener que hacerlo, y va a terminar siendo la Provincia o los municipios”, sostuvo Gómez.

Finalmente, advirtió que si no se actúa a tiempo, el problema recaerá inevitablemente en los gobiernos locales. “Cuando las fundaciones quiebren, cuando los profesionales se vayan, cuando los servicios desaparezcan, ¿quién va a responder? Ya pasó que muchas familias tuvieron que ir a pedir alimentos o ayuda a los municipios. Esta crisis se puede evitar, pero hace falta decisión política ahora”, concluyó.