Por Lautaro Caballeri*

En estos tiempos actuales, donde las políticas liberales del gobierno de Javier Milei están destruyendo todo lo vinculado con la economía social, solidaria y popular, parece ser mala palabra hablar de agricultura familiar, de cooperativismo, de pequeños productores y de políticas públicas orientadas a este sector.

Como es de público conocimiento, todos sabemos que la lógica de Javier Milei, y no solamente de él, sino de cualquier gobierno liberal, es que el Estado es mejor, más eficiente y eficaz, cuanto más pequeño resulta, eliminando de esta manera, políticas públicas esenciales y específicas que son direccionadas hacia sectores concretos de la sociedad. Como, por ejemplo, la eliminación del monotributo social, del programa PROHUERTA, y el desfinanciamiento a las cooperativas, a través de la quita de recursos de la Secretaría de Economía Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la eliminación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cómo así también el desfinanciamiento de los programas dependientes de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), que promueven el Desarrollo Rural de pequeños productores de todo el territorio argentino.

Pero por desgracia de los liberales, y afortunadamente para los que pensamos distintos, existen personas que han estudiado al Estado desde todas sus vertientes, como es el caso de Oscar Oszlak y Carlos María Vilas entre otros autores, quienes coinciden en que al Estado no hay que medirlo por su tamaño, sino por los objetivos que tienen a cumplir, es decir, el asunto crucial no es el tamaño de los organismos y las agencias estatales o los recursos que controlan, sino los intereses y objetivos en cuya función actúan y dan contenido y sentido a sus acciones. Son esos intereses y objetivos los que determinan el tamaño del aparato estatal y sus características institucionales, los alcances de su gestión, las capacidades y recursos requeridos. Esos fines y objetivos no son socialmente neutros ni son establecidos por la naturaleza o por definiciones ontológicas, sino que son el producto de los conflictos, negociaciones y transacciones entre actores y, en definitiva, de las relaciones de poder y dominación que se entablan a partir de ellos.

En pocas palabras, tanto Oscar Oszlak como Carlos María Vilas, sostienen que el Estado no puede desaparecer así porqué así, por un simple capricho, sino todo lo contrario, el Estado siempre debe estar presente para poder controlar y vigilar las acciones que involucren a los distintos actores de la sociedad, preservando su integridad, ante todo.

Según la Organización de  las Naciones Unidas (ONU) la economía social se incorpora de forma explícita en los compromisos globales para fortalecer los sistemas financieros y fiscales internacionales, con el objetivo de movilizar recursos claves que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible a escala global.

El sector de la economía social y solidaria constituye entre un 10% y 15% de la economía en Europa y en América Latina, formando parte del sistema económico y social vigente en el mundo occidental. Pero con el debido apoyo e incentivos, tanto del sector público como privado, puede pasar a ser un factor de cambio que permitiría dar un giro al curso actual del deterioro ambiental, precarización del empleo, nuevas patologías sociales e insolidaridad en que se desenvuelve la vida de miles de millones de personas en el mundo.

A su vez, quienes integran la economía social en nuestro país, representan el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina; generando además, entre 350.000 y 450.000 empleos directos. Según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM),

Por lo antedicho, es que hay que dejar de ver a la Economía Social y todo lo vinculante a ella, como una política de asistencialismo, sino como una política de desarrollo, como una actividad económica de la sociedad que genera producción, excedentes y mano de obra.

Oscar Mito Costa, un especialista en economía social y cooperativismo, y por sobre todo, rionegrino, explica en su libro “La economía social como política de Estado”, la importancia de que la economía social debe constituir una fuerte y decidida política de Estado, debido a los principios y valores que la sustentan; por la naturaleza y características de las organizaciones que la componen; por su incidencia en la economía social y en el desarrollo de las comunidades.

Costa define a la economía social como un sector equidistante de la economía lucrativa de mercado y de la economía pública, que se sustenta en valores y principios que reconocen al hombre como principal protagonista y actor de la actividad económica, social y cultura, cuya articulación y motorización, se da a través de organizaciones autogestionarias, que practican la solidaridad, la ayuda mutua, y la democracia participativa, como forma de vida para lograr sus objetivos colectivos e individuales.

El autor diferencia distintas organizaciones que conforman a la economía social, entre ellas se encuentran las cooperativas, mutuales, fundaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales (o como las llama Oszlak, organizaciones de la sociedad civil), organizaciones del voluntariado, banca social, microemprendimientos, ferias comunitarias, sociedades anónimas laborales, organizaciones del trueque y la moneda social, entre otras formas asociativas.

Por otro lado, Mito Costa, relaciona al sector de la economía social, con los movimientos sociales, exponiendo que en los últimos años, los movimientos sociales vienen cumpliendo un rol importantísimo, en el impulso, estímulo y promoción de las cooperativas y otras formas de autogestión solidaria. Es decir, que vinculado a lo que plantea Oscar Oszlak, el tercer sector de la sociedad (organizaciones no gubernamentales), absorbió al cuarto sector, definido como aquellos grupos de muy diversa inserción social, pertenecientes a clases populares, que deben enfrentar la resolución de problemas que afectan su existencia cotidiana.

Como conclusión, la economía social a través de sus organizaciones es abarcativa, ya sea por la diversidad de actividades económicas, sociales y culturales que desarrolla, como por las distintas formas y modalidades organizativas y de gestión empleadas para realizar dichas actividades.

No existe actividad humana que no pueda ser contenida y desarrollada por estas organizaciones sociales de la economía, vivienda, trabajo y producción en todos sus rubros, provisión, consumo, crédito, salud, educación, servicios públicos, turismo, etc. En todas estas actividades, las organizaciones de la economía social, suelen ser necesarias aliadas al Estado, toda vez que cumplen un rol complementario y a veces supletorio de las acciones de éste, sobre todo en materia de servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad, agua potable, transporte, etc.).

Es menester dejar en claro que toda política vinculada a la economía social fue rescatada el ex Presidente Néstor Kirchner y posteriormente seguida por la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido, cabe recordar que en el período 2003-2007, la formulación de programas sociales tales como: “El hambre más urgente”, “Manos a la obra”, “Programa federal de emergencia habitacional”, “Agua más trabajo”, todos implementados bajo modalidades solidarias de gestión, constituyéndose a tal efecto cooperativas que nucleaban a miles de desocupados, contenidos en la mayoría de los casos por los movimientos sociales.

Con respecto a nuestra provincia, podemos decir que Río Negro cuenta con más de 450 cooperativas y más de 50 mutuales que son parte de la cotidianeidad de la mayoría de las y los vecinos impactando en las economías locales y regionales, asumiendo en muchos casos un rol que ni el Estado ni el mercado ocupan. Tal como lo expresan Herrera y Jócano (2020) “el cooperativismo rionegrino a nivel regional, además de ayudar a resolver necesidades locales habitacionales, laborales, productivas y de comercialización, brinda servicios públicos donde la oferta estatal y de las empresas privadas es inexistente, escasa o deficiente”. Por otro lado, la autora y el autor sostienen que esa forma de organización de la economía ha impactado en los territorios evitando el fenómeno de despoblamiento de extensas áreas de la provincia.

Ejemplos de esta labor podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestra provincia, como el servicio de distribución de energía eléctrica que llevan adelante cooperativas en las localidades de Río Colorado (Cooperativa de Electricidad y Anexos Río Colorado) y San Carlos de Bariloche (Cooperativa Eléctrica Bariloche), o en El Bolsón y la región Sur, con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Vivienda El Bolsón Ltda. COOPETEL, que interviene en la prestación del servicio de telefonía e internet, como también de provisión de gas propano a las localidades de Maquinchao, Los Menucos, Ramos Mexía y Sierra Colorada a lo largo de 20 años de manera ininterrumpida, hasta la llegada del servicio de gas natural por red.

Es fundamental a proteger a los sectores de la economía social, con políticas públicas específicas y concretas, para no dejar caer a un sector de la sociedad que sostiene a los que menos tienen, además de resguardar su actividad y desarrollo, en estos tiempos donde el Estado nacional se despoja de este sector como si fuera algo que no es necesario.