Por Roberto Mandado*
Pensar
los límites colindantes es pensar la arquitectura política de una provincia:
cómo distribuye responsabilidades, cómo organiza su espacio y cómo proyecta su
desarrollo. No es un asunto técnico ni secundario; es una decisión estratégica.
Río Negro dejó de ser una provincia exclusivamente frutícola o agrícola para
transformarse en un territorio energético, minero, turístico, pesquero y
productivo. Conviven hidrocarburos en el Alto Valle, arenas silíceas en el
este, turismo en la costa y la cordillera, y potencial minero en la meseta.
Nada de eso puede gestionarse sin certezas territoriales ni un orden
institucional estable.
La
Constitución provincial, en su artículo 227, establece un mandato claro: la
Legislatura debe definir el sistema de ejidos colindantes “sobre la base de la
proximidad geográfica y la posibilidad efectiva de brindar servicios
municipales”. Para avanzar en ese camino, en 1984 se creó la Comisión de
Límites (Ley N.º 1812), encargada de analizar acuerdos territoriales y emitir
dictámenes técnicos. Tres años después, la Ley N.º 2159 reglamentó el
procedimiento: convenios bilaterales o multilaterales entre municipios,
aprobación por ordenanza y posterior refrendo legislativo, con intervención
obligatoria de la Comisión.
Sin
embargo, ese mandato constitucional sigue inconcluso. A pesar de los más de
cuarenta años transcurridos, sólo una minoría de municipios tiene límites
aprobados por ley, como es el caso de Río Colorado–Guardia Mitre (Ley 4441),
Ingeniero Jacobacci–Comallo (Ley 4179), Viedma–General Conesa (Ley 3317),
General Conesa–Guardia Mitre (Ley 3315), Pomona–Lamarque (Ley 3319),
Valcheta–Pomona (Ley 3158), Lamarque–Valcheta (Ley 3159), Valcheta–Ministro
Ramos Mexía (Ley 3160) y Viedma–Guardia Mitre (Ley 3371), según los datos
publicados por la Legislatura de Río Negro.
El
problema no es la norma: es la aplicación.
La
Comisión de Límites funciona de manera intermitente, condicionada por ciclos
electorales y tensiones coyunturales. Su última reunión formal fue el 27 de
noviembre de 2018. Cuando un órgano central para ordenar el territorio trabaja
de forma discontinua, sin continuidad técnica ni dirección política sostenida,
el resultado es evidente: indefinición, superposición de competencias y pérdida
de capacidad de planificación.
El
caso Viedma–San Antonio Oeste es ilustrativo. Durante más de treinta años se
discutió la delimitación del Camino de la Costa, un corredor de más de 200
kilómetros clave para el desarrollo turístico y productivo. Hubo recorridos,
borradores de acuerdos, ordenanzas parciales y reuniones técnicas. Nunca se
consolidó un acuerdo definitivo refrendado por la Legislatura. La consecuencia
fue una resolución de hecho: cada municipio administró como pudo, sin
coordinación, sin mirada provincial integrada y con un Estado que llegó tarde o
directamente no llegó.
Ese no
es un caso aislado: es el síntoma de una provincia que postergó su discusión
territorial y permitió que la agenda electoral definiera decisiones que
deberían ser políticas de Estado. Cuando las definiciones dependen del humor o
las prioridades de cada gestión, la planificación se debilita y el territorio
queda expuesto a la improvisación.
La
salida exige institucionalidad sostenida.
Para
que la Ley 2159 se cumpla plenamente, no alcanza con “reactivar” ocasionalmente
la Comisión de Límites: es necesario garantizar su funcionamiento permanente,
dotarla de equipos técnicos estables y establecer un calendario anual de
trabajo. También resulta imprescindible ampliar el debate: universidades,
colegios profesionales, cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones
sociales y especialistas en ordenamiento territorial deben formar parte del
proceso. Esa participación fortalece la calidad técnica, aporta legitimidad
social y garantiza continuidad más allá de los cambios políticos.
Resolver
los límites colindantes no divide: ordena.
Permite fortalecer la autonomía municipal, mejorar la equidad en la
distribución de recursos, garantizar inversiones, dar claridad al desarrollo
costero, proteger el ambiente y planificar el crecimiento productivo de la
provincia.
Río
Negro no puede seguir tratando sus límites como un tema secundario. Pensarlos
es pensar su futuro. Y el futuro se construye con reglas claras, decisiones
sostenidas y un Estado capaz de planificar más allá de las urgencias del
presente
*Militante Peronista - Politólogo -Sec. Legislativo del bloque Vamos con Todos en el Concejo Deliberante de Viedma

8 diciembre 2025
Opinion