Las amenazas de violencia en escuelas de distintas provincias encendieron una señal de alarma en la comunidad educativa y abrieron un nuevo debate sobre cómo abordar situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes. Frente a ese escenario, crecen los planteos para que la respuesta no quede reducida a controles, sanciones o presencia policial, sino que incorpore herramientas de acompañamiento, salud mental y recursos pedagógicos.

El pronunciamiento fue difundido por el Consejo Directivo Central de UNTER, que vinculó la aparición de mensajes intimidatorios y amenazas con el deterioro de las condiciones económicas y educativas. Desde el gremio sostuvieron que las escuelas “no están abstraídas” de lo que ocurre fuera de las aulas y advirtieron que la profundización de la violencia también impacta sobre la vida cotidiana de estudiantes y docentes.

Según el documento, la situación se relaciona con el avance de la precarización social, el aumento de los discursos de odio y el deterioro de las condiciones de enseñanza. En ese sentido, señalaron que muchas familias atraviesan dificultades para sostener el trabajo, llegar a fin de mes y acompañar a sus hijos e hijas, mientras las escuelas enfrentan una demanda creciente con menos recursos.

Desde la conducción gremial también cuestionaron las respuestas impulsadas por algunos gobiernos provinciales, basadas en mayores controles y castigos. En particular, marcaron su rechazo a la nueva ley penal juvenil aprobada en marzo de 2026, al considerar que profundiza la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes sin ofrecer soluciones de fondo.

Para el sindicato, el aumento de episodios de violencia no puede abordarse únicamente a través de protocolos, guías o medidas punitivas. “Las escuelas no son cuarteles”, señalaron, y plantearon que los establecimientos educativos no deben transformarse en espacios de persecución hacia estudiantes, sino en ámbitos donde puedan expresarse, participar y construir proyectos colectivos.

Entre los reclamos, UNTER pidió la incorporación urgente de parejas pedagógicas en Nivel Inicial, docentes de fortalecimiento en Primaria, preceptores por curso en el Nivel Medio y equipos interdisciplinarios en cada institución para intervenir ante situaciones de violencia o dificultades de aprendizaje. También reclamó más tiempos institucionales para el diálogo y la participación dentro de las escuelas.

El documento sumó un pedido para que el gobierno garantice el funcionamiento pleno de SENAF y fortalezca las políticas públicas de cuidado. Además, reclamó la creación de dispositivos públicos de salud mental articulados con las escuelas y advirtió sobre la falta de presupuesto en hospitales, CIC y centros de salud para atender una demanda que, según sostuvieron, viene creciendo.

La declaración fue dada a conocer este lunes desde General Roca y planteó que el escenario actual obliga a discutir de qué manera son escuchadas las infancias y adolescencias tanto en sus familias como en la sociedad. Para el gremio, la salida requiere más presencia del Estado, recursos y espacios de contención, antes que respuestas centradas exclusivamente en la sanción.