La posibilidad de que el Estado provincial intervenga para garantizar el acceso a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en localidades donde actualmente no existen talleres habilitados comenzó a discutirse en la Legislatura de Río Negro. La iniciativa apunta a resolver las dificultades que enfrentan conductores y conductoras de distintas regiones que deben recorrer largas distancias para cumplir con un trámite exigido por la normativa vigente.

Luciano Delgado Sempé impulsa la creación del Programa Provincial de Talleres de Revisión Técnica Obligatoria y Verificación Técnica Vehicular (RTO/VTV). Según se desprende del proyecto, el objetivo es asegurar que el servicio esté disponible en todo el territorio provincial, especialmente en aquellas localidades donde las empresas privadas no consideran rentable instalar o mantener talleres.

El texto prevé que la Provincia pueda establecer talleres propios en puntos estratégicos y luego concesionarlos mediante licitación pública. A su vez, contempla que, en caso de no presentarse oferentes interesados, el Estado quede habilitado para brindar el servicio de manera directa.

La iniciativa también abre la posibilidad de celebrar convenios con municipios, cooperativas, universidades u organismos técnicos habilitados, con el fin de ampliar la cobertura y garantizar que la prestación llegue a zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona que la ausencia de talleres en determinadas regiones obliga a numerosos vecinos y vecinas a trasladarse cientos de kilómetros para realizar la revisión técnica de sus vehículos, pese a tratarse de una obligación legal para circular.

En ese marco, Delgado Sempé sostuvo que la seguridad vial debe estar garantizada en todo el territorio provincial y planteó que el acceso a la RTO no puede quedar condicionado únicamente por criterios de rentabilidad empresarial. Según expresó, el proyecto busca asegurar que todos los habitantes de Río Negro tengan posibilidades reales de cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido legislativo, donde será analizada por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto. Allí se debatirá la viabilidad de un esquema que combine participación estatal y privada para garantizar la prestación de un servicio vinculado a la seguridad vial y al control de las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan en la provincia.