Veintidós años después de la masacre de Carmen de Patagones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena que obliga al Estado nacional y a la provincia de Buenos Aires a indemnizar a las víctimas y a los familiares de quienes murieron en el ataque ocurrido el 28 de septiembre de 2004 en la Escuela Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en representación de la Prefectura Naval Argentina, y por la Fiscalía de Estado bonaerense. De esa manera, quedó definitivamente confirmada la responsabilidad estatal por una de las tragedias escolares más graves de la historia argentina.

El fallo corresponde a la demanda presentada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres estudiantes asesinadas durante el ataque. La Corte ya había resuelto en el mismo sentido en 2025 al confirmar la condena en la causa iniciada por la familia de Federico Ponce, mientras que la acción promovida por los familiares de Evangelina Miranda continúa en trámite luego de obtener una sentencia favorable en primera instancia.

La Justicia entendió que existieron responsabilidades tanto por parte de las autoridades educativas como de la Prefectura Naval Argentina. En el caso de la escuela, los tribunales concluyeron que no se actuó con la diligencia necesaria frente a los reiterados problemas de conducta que presentaba Rafael "Juniors" Solich. El sumario administrativo realizado tras la tragedia reveló que docentes e integrantes de la comunidad educativa habían advertido conductas preocupantes y expresado temor por la seguridad de los alumnos, sin que se adoptaran medidas preventivas suficientes.

Respecto de la Prefectura, la responsabilidad se fundamentó en que el arma utilizada para cometer el ataque pertenecía a esa fuerza de seguridad y estaba asignada al padre del adolescente, por lo que se consideró que existió una deficiente custodia del arma reglamentaria.

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La masacre ocurrió durante la mañana del 28 de septiembre de 2004, cuando Solich, de 15 años, ingresó al aula de primer año del Polimodal y comenzó a disparar contra sus compañeros con una pistola calibre 9 milímetros. Como consecuencia del ataque murieron Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce, mientras que Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cintia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres sufrieron heridas de gravedad.

Durante la investigación judicial, Solich fue declarado inimputable debido a que era menor de edad al momento de los hechos. Actualmente, con 37 años, continúa bajo tutela judicial y realiza tratamiento ambulatorio en una institución neuropsiquiátrica.

En sus recursos ante la Corte, tanto el Estado nacional como la provincia de Buenos Aires sostuvieron que las condenas eran arbitrarias. La Prefectura Naval Argentina argumentó que no podía exigírsele controlar diariamente la forma en que miles de efectivos guardan sus armas reglamentarias en sus domicilios, mientras que la provincia afirmó que el ataque había sido un hecho imprevisible e inevitable.

Con el rechazo de esos planteos, la Corte Suprema cerró una nueva instancia judicial y dejó firme la obligación del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires de reparar económicamente a las víctimas y a las familias afectadas por una tragedia que marcó para siempre a Carmen de Patagones y al país.