Una investigación judicial avanzó este lunes con la formulación de cargos contra el intendente de Allen, acusado de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en una causa vinculada al uso de fondos municipales para la adquisición de un teléfono celular que, según la acusación, habría quedado en manos de una persona ajena a la estructura formal del municipio.

La imputación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal, que además acusó a otro hombre como partícipe necesario del hecho. De acuerdo con la teoría del caso expuesta en la audiencia, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el jefe comunal habría autorizado la compra de un teléfono celular bajo la modalidad de servicio corporativo, con abono mensual a nombre de la Municipalidad de Allen.

Según detalló la Fiscalía, la operación incluyó la adquisición de un equipo por $479.999, mientras que el costo total del servicio alcanzó los $596.812,38. La acusación sostiene que el dispositivo fue retirado de la esfera de control de la administración municipal y entregado a una persona que no era agente público ni contaba con un vínculo contractual que justificara la utilización de bienes estatales.

Para el organismo acusador, esa situación implicó un apartamiento del bien de los fines para los cuales fue adquirido, generando un presunto perjuicio económico al patrimonio público municipal. En ese marco, se señaló que el intendente habría incumplido su deber de custodia sobre recursos pertenecientes al Estado local.

Respecto del segundo imputado, la Fiscalía indicó que habría tenido un rol indispensable para la concreción del hecho investigado. La acusación sostiene que, pese a conocer que no tenía función pública ni designación oficial dentro del municipio, recibió el teléfono y lo utilizó de manera activa.

En la audiencia también se afirmó que ese hombre habría empleado el dispositivo para impartir directivas y órdenes a personal municipal, ejerciendo presuntamente funciones de gestión sin respaldo institucional. Esa conducta, según la acusación, contribuyó a consolidar el uso privado de un recurso adquirido con fondos públicos.

La calificación legal propuesta para el intendente corresponde a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado en concurso ideal, mientras que para el otro acusado se solicitó la imputación como partícipe necesario de administración fraudulenta.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía para sustentar esta etapa procesal figuran la denuncia penal impulsada por el Tribunal de Cuentas de Allen, documentación administrativa municipal, facturas y registros de pagos vinculados a la empresa Movistar, además de informes elaborados por el Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro.

También fueron incorporados informes de áreas de investigación judicial de Allen y San Antonio Oeste, junto con más de 35 entrevistas testimoniales realizadas durante la investigación preliminar. Parte de la documentación analizada surgió de un allanamiento efectuado en dependencias municipales.

Por su parte, las defensas solicitaron que los cargos no sean formulados y plantearon distintos cuestionamientos sobre la prueba reunida. Entre otros puntos, pidieron que se investigue la eventual participación de quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda y solicitaron excluir determinadas declaraciones, documentación secuestrada y pericias incorporadas al expediente.

La definición sobre los planteos realizados por las partes quedó pendiente. La jueza de Garantías que interviene en la causa dispuso que la audiencia continúe el próximo 17 de junio a las 8 de la mañana, oportunidad en la que se resolverán aspectos vinculados a la formulación de cargos y a las objeciones presentadas por las defensas.