La intendenta de Ingeniero Huergo, la peronista Silvia Penilla, fue imputada este miércoles por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, en una causa donde la Fiscalía estimó un perjuicio patrimonial de $6.183.796. También fueron acusadas otras dos personas como partícipes necesarias del mismo hecho.

La formulación de cargos fue realizada por la fiscal Vanesa Cascallares, quien sostuvo que la jefa comunal habría abusado de las facultades de administración y disposición de fondos públicos mediante un mecanismo de pagos por fuera del régimen legal previsto para retribuir funciones públicas. Según la acusación, la operatoria habría contado con la intervención necesaria de las otras dos personas imputadas.

De acuerdo con la Fiscalía, la intendenta habría permitido la disposición irregular de caudales públicos a través de documentación y modalidades de contratación que no correspondían. La calificación legal invocada es la de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, prevista en los artículos 173 inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal, además del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

Entre los elementos de prueba mencionados en la audiencia figuran la denuncia penal presentada por el Tribunal de Cuentas de Ingeniero Huergo, pedidos de informes dirigidos a la funcionaria, contratos de locación de servicios, facturas emitidas por las personas imputadas, comprobantes de transferencias desde el municipio a una cuenta particular, documentación secuestrada en un allanamiento e informes de ARCA, OiTel, Rentas de Río Negro y del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público.

La defensa de las tres personas imputadas solicitó que no se tengan por formulados los cargos y cuestionó la legitimidad de la querella. Durante la audiencia, el abogado defensor de la intendenta, Damián Torres, insistió en que la causa tiene fuertes connotaciones políticas, principalmente por la composición del Tribunal de Cuentas, organismo que actúa como querellante en el expediente.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías dispuso un cuarto intermedio hasta el 30 de julio a las 12, cuando dará a conocer su resolución sobre la formalización de la imputación mediante la plataforma Zoom.