El programa Construir Inclusión ya entró en la etapa de evaluación de los legajos de las 2.505 personas que se inscribieron para acceder a las primeras 100 viviendas destinadas a familias que tengan entre sus integrantes a una persona con discapacidad. El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) comenzó a revisar la documentación para determinar cuáles están completos, cuáles presentan observaciones y quiénes quedarán en condiciones de avanzar en el proceso de asignación.

La subsecretaria de Gestión y Coordinación Territorial del IPPV, Laura Schlitter, explicó que el trabajo está a cargo de la Dirección de Adjudicaciones junto con el Registro de Demanda Habitacional del organismo. El primer paso es publicar el listado de todas las personas inscriptas y separar los legajos entre aquellos que están completos y los que presentan observaciones.

Las personas cuyos legajos tengan alguna observación tendrán la posibilidad de completar documentación, actualizar información o presentar un descargo si consideran que existe algún dato que debe ser revisado. Schlitter puso como ejemplo el caso de una persona que figura como propietaria de una vivienda pero que puede demostrar que se separó y dejó ese hogar junto con sus hijos: esa situación podrá ser analizada nuevamente a partir de la documentación que presente.

Después de esa instancia se realizará un nuevo filtro. Los casos que finalmente no cumplan con las condiciones quedarán descalificados, mientras que aquellos que tengan toda la documentación y reúnan los requisitos pasarán al listado definitivo para la siguiente etapa.

No habrá puntaje

Schlitter aclaró además un aspecto importante sobre el mecanismo de selección: no se utilizará un sistema de puntaje. Es decir, no se asignarán más o menos puntos por tener una determinada cantidad de hijos, mayores ingresos u otras características familiares. Todos los legajos que estén completos y cumplan con los requisitos participarán del mecanismo previsto para la asignación de las viviendas.

La funcionaria señaló que no existe un plazo único para completar esta evaluación, ya que depende de la cantidad de personas inscriptas y del volumen de documentación que deba analizarse. En este caso, la cantidad de postulantes hace que el proceso sea especialmente importante y se desarrollará en paralelo con la ejecución de las obras.

100 viviendas para toda la provincia

Las primeras 100 viviendas de Construir Inclusión se distribuirán entre distintas localidades de Río Negro, y la cantidad que corresponda a cada una estará vinculada con la cantidad de personas inscriptas en cada lugar y con la demanda registrada de familias que tienen integrantes con discapacidad. Schlitter explicó que la primera etapa de análisis ya fue realizada por la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, que devolvió al IPPV las primeras priorizaciones. Ahora ambos organismos continúan trabajando sobre esa información.

Al mismo tiempo, el Gobierno busca que la construcción de las viviendas genere trabajo en las localidades donde se desarrollen los proyectos. Para eso, el IPPV está articulando con la Subsecretaría de Cooperativas la posibilidad de incorporar cooperativas y mano de obra local a la ejecución de las obras.

El programa se desarrolla además en un escenario en el que la Provincia sostiene que actualmente no cuenta con financiamiento nacional para construir viviendas. Schlitter explicó que las nuevas operatorias habitacionales, entre ellas las 100 viviendas de Construir Inclusión y los programas de lotes con servicios, se realizan con fondos provinciales.

La funcionaria también explicó que, ante la menor cantidad de viviendas nuevas que puede construir la Provincia, el organismo está poniendo el foco en regularizar situaciones habitacionales irregulares y recuperar viviendas que puedan volver a destinarse a familias que necesitan una solución habitacional.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado mediante IPPV en tu barrio y la incorporación del organismo al programa Cerca, que realiza operativos periódicos en distintas localidades. Allí se pueden realizar trámites vinculados con la regularización de deudas, escrituraciones y situaciones irregulares. “Tenemos mucha menor cantidad de viviendas para satisfacer las necesidades habitacionales”, explicó Schlitter, y señaló que la recuperación de unidades permite ampliar las posibilidades de respuesta del organismo sin depender exclusivamente de la construcción de nuevos hogares.

Detalló que algunas recuperaciones requieren avanzar mediante expedientes administrativos y eventualmente intervención de la Fiscalía, mientras que en otros casos las propias familias entregan voluntariamente la vivienda. De esta manera, mientras avanza la evaluación de los 2.505 inscriptos de Construir Inclusión, el IPPV trabaja en dos frentes: definir quiénes estarán en condiciones de acceder a las primeras 100 viviendas del programa y, al mismo tiempo, recuperar y regularizar unidades habitacionales que puedan volver a formar parte de las soluciones disponibles para familias de la provincia.