La investigación por las presuntas irregularidades en el sistema de reintegros del IPROSS permitió detectar modificaciones de CUIT y de cuentas bancarias de beneficiarios, además de transferencias reiteradas hacia tres CBU que no correspondían a los afiliados que habían solicitado esos pagos. Así lo explicó Guillermo Ceballos, subsecretario de Asuntos Legales y Transformación Digital del Gobierno de Río Negro, quien detalló cómo se detectó la maniobra y cuáles son ahora los pasos de la investigación.

El funcionario señaló que el caso surgió a partir de un control permanente de la Contaduría Interna del IPROSS sobre la ejecución de los reintegros. Al revisar los pagos, el área contable advirtió que algunos CUIT no coincidían con los registrados para los beneficiarios y que también se había modificado la información correspondiente a las cuentas bancarias.

Según explicó Ceballos, a partir de esas inconsistencias se realizó una auditoría sobre los sistemas informáticos utilizados para cargar los reintegros. Ese análisis permitió confirmar que los datos habían sido modificados y detectar que se habían realizado transferencias reiteradas a tres CBU que no tenían como titular al afiliado que había solicitado el reintegro.

El subsecretario remarcó que el sistema cuenta con distintos controles y que la dificultad para revisar cada operación está relacionada con el volumen de trámites. El IPROSS tiene alrededor de 160.000 afiliados y procesa aproximadamente 5.000 reintegros por mes, por lo que el control informático y el cruce de datos resultan fundamentales para detectar inconsistencias.

Pero la investigación encontró además un elemento que, según Ceballos, resulta particularmente relevante: la persona apartada era quien estaba a cargo del área de reintegros y tenía permisos y credenciales para realizar modificaciones en el sistema.

“El sistema no debiera permitir estas cosas”, sostuvo el funcionario, aunque explicó que el acceso que tenía el agente se correspondía con las funciones de su cargo. De acuerdo con su explicación, la maniobra habría sido posible precisamente porque utilizó de manera indebida las facultades y credenciales que tenía asignadas. No cualquier empleado podía realizar esas modificaciones.

Suspensión y denunica penal

Una vez avanzada la investigación interna, la Secretaría de Asuntos Legales dispuso la suspensión preventiva del agente, inició un sumario administrativo y puso el caso en conocimiento del Tribunal de Disciplina.

En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía penal por la presunta comisión del delito de defraudación al Estado. De esta manera, el caso continúa por dos vías: la administrativa, dentro del Estado provincial, y la investigación judicial.

En ese marco, Ceballos confirmó que la Fiscalía realizó un procedimiento en la oficina y secuestró el equipo informático utilizado por el empleado denunciado. El objetivo es que ese dispositivo sea sometido a pericias para determinar qué modificaciones se realizaron, cuándo fueron efectuadas y qué operaciones pueden estar relacionadas con las irregularidades detectadas.

La investigación también podría avanzar sobre las cuentas bancarias involucradas. Según explicó el funcionario, la Justicia deberá solicitar información a las entidades financieras donde se realizaron las transferencias para reconstruir el movimiento de los fondos y establecer quiénes fueron sus destinatarios.

Por ahora, no se informó el monto del eventual perjuicio económico, ya que ese dato deberá surgir del avance de las pericias informáticas, el análisis de las operaciones y la información que aporten los bancos.

Ceballos destacó que el caso fue detectado dentro de los propios mecanismos de control del IPROSS y que la investigación permitió avanzar rápidamente desde la primera inconsistencia contable hasta la auditoría informática, el apartamiento preventivo y la denuncia penal.

La Justicia deberá determinar ahora el alcance de las operaciones, el eventual perjuicio ocasionado y las responsabilidades que pudieran corresponder.