El PJ-Nuevo Encuentro fue el único bloque de la Legislatura que votó en contra del traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro y su postura se apoyó en una serie de cuestionamientos sobre el financiamiento, las obligaciones que asumirá la Provincia y las condiciones acordadas con Nación. Para la bancada, el convenio, aprobado por mayoría en el recinto, no resuelve el deterioro de las trazas y traslada a las cuentas provinciales una responsabilidad que debería continuar teniendo respaldo nacional.

El planteo fue desarrollado por el legislador Leandro García, quien sostuvo que el acuerdo no garantiza los recursos necesarios para afrontar las obras y el mantenimiento de los corredores. El parlamentario consideró que Río Negro quedará a cargo de una infraestructura deteriorada, con un fuerte tránsito pesado asociado a la actividad de Vaca Muerta, mientras Nación mantiene los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.

Uno de los principales reparos estuvo puesto justamente en la falta de una transferencia de recursos junto con las nuevas competencias. García cuestionó que la Provincia deba hacerse cargo de las rutas mientras los fondos que corresponden a las jurisdicciones provinciales continúan en manos del Estado nacional.

A ese punto sumó el cuestionamiento al endeudamiento en dólares previsto para financiar las obras. El proyecto contempla un crédito de 60 millones de dólares con Fonplata para intervenir los sectores considerados de mayor criticidad de las rutas 22 y 151. La operación tiene un plazo de amortización de 15 años y cinco años de gracia, de acuerdo con la información presentada durante el debate legislativo.

Para el bloque opositor, esa decisión puede terminar generando una mayor presión sobre las cuentas provinciales. García planteó que, para afrontar las obligaciones derivadas del mantenimiento vial, Río Negro podría tener que readecuar partidas destinadas a educación, salud o seguridad, o recurrir a mecanismos como el peaje.

El legislador también cuestionó que el convenio establezca que la Provincia no podrá reclamar judicialmente determinados fondos vinculados con la transferencia. Desde su perspectiva, ese punto supone una renuncia que limita la posibilidad de Río Negro de exigir a Nación los recursos que considera correspondientes.

Otro de los argumentos estuvo relacionado con los contratos de obra que permanecen vigentes sobre las rutas. García sostuvo que los sectores más peligrosos continúan alcanzados por contratos nacionales abiertos y que la Provincia no tendría capacidad para intervenir sobre ellos, por lo que el traspaso no resolvería de manera inmediata los problemas que presentan las trazas.

La situación de las rutas 22 y 151 adquiere una dimensión particular por el tránsito pesado generado por Vaca Muerta. El PJ-Nuevo Encuentro planteó que ese flujo de vehículos produce un desgaste que no debería ser afrontado exclusivamente por Río Negro y reclamó que Neuquén participe económicamente en las soluciones vinculadas con la infraestructura regional.

El bloque también marcó que el proyecto no ofrece respuestas para otras rutas nacionales que atraviesan la provincia. García mencionó específicamente las rutas 40, 23 y 3, mientras que durante el debate legisladores de otras bancadas también reclamaron definiciones para esos corredores.

La discusión se produjo mientras el oficialismo y otros bloques defendieron la necesidad de que Río Negro pueda intervenir sobre las rutas sin depender de las decisiones de Nación. El proyecto establece que la Provincia asumirá progresivamente la gestión, administración y mantenimiento de las rutas 22 y 151 y contempla además una emergencia vial para acelerar las obras sobre los sectores más comprometidos.

Durante el tratamiento legislativo también se expusieron posiciones críticas sobre distintos aspectos del acuerdo, aunque sin llegar al rechazo del proyecto. Hubo pedidos de precisiones sobre el crédito, los controles de cargas, los peajes, las obras previstas y el destino de los fondos del impuesto a los combustibles, mientras que desde el oficialismo se defendió la capacidad financiera de la Provincia para afrontar el endeudamiento.

Así, el voto negativo del PJ-Nuevo Encuentro no estuvo planteado como un rechazo a la necesidad de mejorar las rutas, sino al mecanismo elegido para hacerlo. La bancada sostuvo que Río Negro no debería asumir nuevas obligaciones sin recibir los recursos correspondientes, y que financiar las obras mediante deuda, eventuales peajes o reasignación de partidas terminaría trasladando el costo de una responsabilidad nacional a los rionegrinos.

La posición quedó sintetizada por García durante la sesión: “No vamos a ser cómplices”, afirmó al cuestionar el acuerdo. Para el bloque, el traspaso representa una solución que no resuelve los problemas centrales de las rutas y puede derivar en nuevas obligaciones financieras y presupuestarias para la Provincia.