El proyecto del Poder Ejecutivo de Viedma para extender el mandato del actual Defensor del Pueblo municipal, Marín Pérez Morando, llegará este viernes al recinto del Concejo Deliberante en medio de un escenario político atravesado por cuestionamientos. La iniciativa propone fijar el 30 de noviembre de 2027 como fecha de finalización del período, mientras continúa abierto el proceso de inscripción para quienes aspiren al cargo, cuyo plazo vence el 2 de octubre a las 13.

La propuesta, firmada por el intendente Marcos Castro y la jefa de Gabinete y Gobierno, María Eugenia Serra, plantea una disposición transitoria y por única vez para modificar la fecha de cierre del mandato vigente. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que no se trata de una reelección ni de una prórroga ordinaria, sino de una adecuación excepcional del calendario institucional de la Defensoría del Pueblo.

El expediente ya tuvo despacho en la Comisión de Gobierno, donde los concejales que la integran votaron a favor de la iniciativa. Acompañaron el proyecto María Elena Andría (Cambia Río Negro), Natalia Macri y Luciano Ruiz (JSRN), Silvina Franco (Primero Río Negro) y Julián Algañaraz (Vamos con Todos).

Luego, en la reunión de labor parlamentaria realizada esta mañana, los presidentes de bloque definieron que el proyecto sea incorporado al temario de la sesión de este viernes. Allí votaron a favor del tratamiento Luciano Ruiz, Julián Algañaraz y María Elena Andría. En cambio, Vanessa Cacho Devincenzi (Patria y Futuro) y Silvina Franco votaron en contra.

El dato político llamativo fue el cambio de postura de Franco, quien había acompañado la iniciativa en la Comisión de Gobierno, pero luego rechazó su tratamiento en labor parlamentaria. Ese movimiento dejó expuesta una diferencia en el recorrido interno del expediente antes de su llegada al recinto.

El proyecto aparece en un momento sensible para el organismo de control municipal. El proceso de inscripción para la Defensoría del Pueblo ya está en marcha y tiene fecha de cierre el 2 de octubre a las 13, por lo que una eventual aprobación de la prórroga modificaría el escenario institucional abierto para la selección del próximo defensor o defensora.

En los fundamentos del texto, el Ejecutivo recuerda que la Defensoría fue creada en 2017 mediante la Ordenanza Nº 7835, con el objetivo de defender, proteger y promover derechos humanos, garantías e intereses legítimos individuales y colectivos frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, sus entes, organismos y dependencias descentralizadas.

La misma normativa establece que el mandato del Defensor o Defensora del Pueblo tiene una duración de cuatro años, computados desde el día en que la persona electa presta juramento. También fija la obligación de presentar un informe anual durante noviembre ante el Concejo Deliberante, en una sesión especialmente convocada para ese fin.

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es la necesidad de ordenar la finalización del mandato vigente con la presentación de ese informe anual y con el posterior proceso de selección de quien deba ocupar el cargo. El texto sostiene que la medida busca evitar superposiciones entre etapas institucionales y garantizar que el actual defensor pueda completar la rendición de su gestión.

El proyecto también incorpora como fundamento una circunstancia vinculada al estado de salud de Pérez Morando. Según el texto enviado al Concejo, esa situación le impediría, en las condiciones actuales, realizar la exposición y defensa final de su gestión ante el cuerpo deliberativo, tal como exige la ordenanza vigente.

Por ese motivo, el Ejecutivo considera “jurídicamente razonable” establecer, por única vez y con carácter transitorio, el 30 de noviembre de 2027 como nueva fecha de finalización del mandato. La propuesta afirma que así se resguardaría el derecho del funcionario saliente a presentar su informe y el acceso de la ciudadanía a esa información.

Otro argumento apunta al calendario electoral. El Ejecutivo advierte que el proceso de selección de la Defensoría podría superponerse con la discusión política por la futura composición del Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas. Por eso, plantea que correr los plazos permitiría separar la elección del órgano de control del debate partidario.

La iniciativa también menciona que en 2027 deberá desarrollarse el proceso de selección del nuevo Juez de Faltas Municipal, por lo que el corrimiento generaría, según el Ejecutivo, mayor eficiencia administrativa e institucional.

La ordenanza propuesta tiene solo dos artículos. El primero fija como plazo válido de finalización del mandato del Defensor del Pueblo el 30 de noviembre de 2027. El segundo dispone registrar, comunicar y archivar la norma una vez cumplido el trámite correspondiente.

Con ese recorrido, el proyecto llegará este viernes al recinto con dictamen favorable, pero también con señales de tensión política. La discusión no solo girará sobre la situación del actual defensor, sino también sobre el impacto institucional de extender un mandato mientras está abierto el llamado para nuevas postulaciones.