El Tribunal de Cuentas de Viedma resolvió abrir un sumario administrativo para investigar la actuación de cuatro funcionarios municipales en la contratación de los módulos sanitarios de la Feria Municipal. Al mismo tiempo, desestimó por mayoría la denuncia contra el intendente Marcos Castro, al considerar que no se encontraron elementos documentales que acrediten su participación en el expediente ni que permitan encuadrar su situación en las incompatibilidades previstas por la normativa vigente.

El vocal del organismo de control, Cristian Herrera, explicó que la decisión de avanzar con el sumario se tomó luego de analizar las respuestas presentadas por los funcionarios involucrados, que fueron consideradas insuficientes para despejar las observaciones. La investigación buscará reunir documentación, tomar declaraciones y revisar las actuaciones administrativas para determinar si existieron irregularidades.

El procedimiento alcanza al entonces secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón; al subsecretario de Obras Públicas, Ignacio Mildenberger; al director de Arquitectura, Marcos Naranjo; y al subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez. Los cuatro deberán responder por las actuaciones que tuvieron a su cargo en el proceso de contratación.

Herrera señaló que el sumario permitirá revisar cada una de las intervenciones de los funcionarios y establecer si se ajustaron a las disposiciones vigentes. Una vez reunidas las pruebas, el sumariante deberá elevar las actuaciones al Tribunal de Cuentas, que definirá los pasos posteriores y las eventuales responsabilidades administrativas.

Entre las principales observaciones que impulsaron la investigación, Herrera mencionó la demolición de los baños que ya funcionaban en el predio de la Feria Municipal, una decisión que, de acuerdo con lo incorporado al expediente, se justificó por el deterioro de las instalaciones, pero que no cuenta con documentación técnica suficiente para fundamentar la conveniencia de demolerlos en lugar de repararlos.

El vocal indicó que no se acompañaron informes que permitan conocer cuánto habría costado reacondicionar los sanitarios existentes ni documentación técnica que avalara la decisión de reemplazarlos. Para Herrera, esa falta de elementos es uno de los aspectos que deberán profundizarse durante el sumario.

Otra de las cuestiones observadas es el pago de un cartel de obra que finalmente no fue instalado. El funcionario explicó que tampoco se acreditó que se hubiera realizado un control efectivo sobre su colocación, por lo que la investigación deberá determinar qué ocurrió con ese gasto y quiénes tuvieron responsabilidad en el procedimiento.

El sumario también analizará las condiciones en las que se resolvió la contratación y el destino final de los módulos sanitarios. En ese sentido, Herrera confirmó que se examinó el hecho de que, inicialmente, la obra estaba prevista para El Cóndor y que finalmente los baños se instalaron en la Feria Municipal.

Al respecto, aclaró que el municipio tiene facultades para definir dónde destina los recursos y que el Tribunal de Cuentas no puede intervenir en decisiones que corresponden a criterios de oportunidad y conveniencia de la administración. En ese marco, explicó que el organismo debe concentrarse en verificar la legalidad del gasto y el cumplimiento de los procedimientos.

Sin embargo, el vocal planteó observaciones sobre una diferencia de aproximadamente 31.000 pesos entre la oferta ganadora y la que quedó en segundo lugar, y la posibilidad de solicitar una mejora de precios durante el proceso de contratación. Herrera explicó que la normativa establece que el municipio podrá requerir una mejora, pero no lo obliga a hacerlo, por lo que la decisión queda dentro de las facultades de la administración.

La justificación presentada por los funcionarios para no solicitar esa mejora fue la necesidad de contar con los sanitarios antes de la temporada de verano en El Cóndor. No obstante, Herrera señaló que finalmente los módulos no fueron instalados allí y terminaron en la Feria Municipal, un aspecto que también será considerado en el análisis de las actuaciones.

En cuanto a las posibles consecuencias del procedimiento, el vocal explicó que las sanciones podrían incluir desde la devolución de fondos públicos hasta otras medidas administrativas, de acuerdo con las responsabilidades que se determinen. También aclaró que el hecho de que alguno de los funcionarios haya dejado su cargo no implica que quede exento de responder por las decisiones que tomó durante su gestión, ya que la Carta Orgánica contempla la continuidad de esas responsabilidades.

La denuncia contra Castro fue desestimada por mayoría

En relación con la situación del intendente Marcos Castro, Herrera explicó que el Tribunal de Cuentas dividió el análisis en dos partes: por un lado, la actuación del jefe comunal y, por otro, la de los funcionarios que intervinieron en la contratación. En el caso del intendente, la denuncia fue declarada inadmisible por mayoría.

El vocal fundamentó su posición en la falta de pruebas que acrediten una participación directa o indirecta de Castro en el expediente. Indicó que, tras revisar la documentación, no se encontraron firmas ni intervenciones que permitan atribuirle responsabilidad administrativa en el procedimiento.

Otro de los puntos analizados fue la relación familiar del intendente con una persona vinculada a la empresa contratista. Herrera explicó que la normativa vigente establece determinadas incompatibilidades para funcionarios que sean propietarios o directivos de las empresas que contratan con el Estado, pero que no se pudo comprobar que Castro fuera dueño, integrante o directivo de la sociedad involucrada.

También se examinó la legislación sobre ética pública, que contempla restricciones vinculadas con los intereses del funcionario, su cónyuge y determinados familiares directos. Herrera señaló que el vínculo mencionado en la denuncia corresponde a un cuñado del intendente, un parentesco que, de acuerdo con su interpretación de la normativa vigente, no está incluido entre las incompatibilidades previstas.

En ese sentido, el vocal consideró que el Tribunal debe ajustarse a lo que establece la Carta Orgánica y que no le corresponde ampliar por interpretación los alcances de una norma. No obstante, reconoció que podría ser pertinente debatir una modificación legislativa que incorpore otros grados de parentesco a las restricciones.

Herrera también se refirió a las observaciones sobre el domicilio de la empresa contratista. Explicó que el domicilio que debe considerarse legal es el que figura en el estatuto constitutivo y en la documentación original presentada, donde no aparece la dirección cuestionada en la denuncia. Por ese motivo, sostuvo que la información extraída de una página web, que no constituye una declaración jurada ni una dirección verificada, no resulta suficiente para acreditar esa situación.

La intervención de la Fiscalía Municipal

Otro de los aspectos que forman parte del expediente es la actuación de la Fiscalía Municipal, organismo al que le corresponde intervenir en el control de legalidad de los actos administrativos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Herrera explicó que el Tribunal de Cuentas realiza un control posterior, ya que los expedientes suelen llegar al organismo entre seis meses y un año después de que se concretaron las actuaciones municipales. En ese marco, señaló que la Fiscalía tiene un rol en la prevención y el análisis de la legitimidad de los procedimientos.

El vocal indicó que la Fiscalía Municipal había sostenido que no le correspondía intervenir en la cuestión vinculada con el intendente y que ese análisis debía ser realizado por el Concejo Deliberante. Sin embargo, desde el Tribunal de Cuentas consideraron necesario contar con un dictamen que fundamente esa postura y permita determinar si corresponde o no su intervención. Por ese motivo, el organismo prevé remitir nuevamente las actuaciones a la Fiscalía y aguardar una respuesta formal. Herrera señaló que esa opinión resulta relevante para completar el análisis del expediente y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

La resolución del Tribunal de Cuentas, por lo tanto, mantiene abiertas dos líneas de actuación: por un lado, el sumario administrativo a los cuatro funcionarios municipales, que buscará determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución de la obra; y, por otro, la desestimación de la denuncia contra Castro, adoptada por mayoría, a partir de la falta de elementos que permitan atribuirle responsabilidad en el procedimiento.