La recorrida formó parte de las medidas que lleva adelante la fiscal Paula de Luque en el marco de la investigación por la ocupación de terrenos pertenecientes a YPF. Durante la jornada se relevaron los domicilios y las personas que se encontraban en cada vivienda, mientras estuvieron presentes representantes de la empresa, abogados de los vecinos, integrantes de la Justicia y personal de la Defensoría del Pueblo municipal.

Ezequiel Osorio, referente de las familias del barrio Perón, explicó que la fiscal había solicitado expresamente la presencia del Municipio para avanzar también con la evaluación de la situación social de quienes viven en el lugar. Sin embargo, los representantes municipales no concurrieron a la jornada. “Lo que me quedó, la sensación triste que me quedó, es que la doctora De Luque haya solicitado la presencia del Municipio y que el Municipio no se haya hecho presente”, expresó Osorio durante una entrevista. Remarcó además que el pedido de participación no había surgido de los vecinos, sino de la propia Justicia.

El relevamiento social  quedó pendiente

La ausencia municipal tuvo una consecuencia concreta sobre el procedimiento: el relevamiento social deberá realizarse en otra instancia. Osorio explicó que la propia fiscal indicó durante la jornada que se esperaba la presencia del Municipio para completar esa tarea. “El relevamiento social tiene que volver a suceder porque lo tenía que hacer el Municipio y no se hizo presente”, señaló el referente barrial. De esta manera, la próxima intervención sobre el lugar deberá contemplar esa evaluación, que forma parte de la información que se viene reuniendo sobre las familias que permanecen en el predio.

Durante el operativo también estuvo presente Antonella Fernández, abogada de la Defensoría del Pueblo municipal, quien acompañó la jornada y presenció el procedimiento. Osorio destacó la presencia de quienes participaron de la recorrida y diferenció esa intervención de la ausencia de los equipos municipales encargados del relevamiento social.

Por parte de YPF, estuvo presente el abogado de la empresa, mientras que también participaron representantes de la Justicia y los abogados que acompañan a los vecinos. El procedimiento permitió avanzar con una nueva constatación directa de la situación existente en el lugar.

Un pedido directo al Intendente

Después de la jornada judicial, los vecinos anticiparon que buscarán ahora una respuesta política del Ejecutivo municipal. Osorio adelantó que durante esta semana presentará una nota dirigida al intendente Marcos Castro y que aguardará una respuesta antes de definir los próximos pasos: "Se la voy a llevar, voy a esperar tranquilamente para que él pueda llamarme”, explicó. El referente señaló que, si bien consideran que atraviesan una situación de emergencia, están dispuestos a esperar unos días para que el jefe comunal pueda analizar el planteo y convocarlos.

El reclamo se produce después de que, en la movilización realizada semanas atrás, representantes de las familias fueran recibidos por el Municipio y se planteara el acompañamiento institucional frente a la incertidumbre generada por la causa judicial. En aquella oportunidad, desde el Ejecutivo se había señalado que el conflicto sobre la propiedad de las tierras correspondía al ámbito judicial.

Ahora, los vecinos buscan que esa participación municipal se concrete también en el relevamiento de la situación social de las familias, una tarea que consideran necesaria para que la Justicia cuente con todos los elementos antes de avanzar con nuevas medidas.

Osorio sostuvo además que la jornada permitió mostrar ante la Justicia las características del sector y de las personas que viven allí. “Quedó bien en claro la clase de ciudadano que somos nosotros, quedó bien en claro la clase de persona, cómo trabajamos y cómo está nuestro barrio”, afirmó.

El referente insistió en que se trata de un barrio constituido y tranquilo y consideró que esa realidad pudo ser observada durante la recorrida judicial. Para los vecinos, esa constatación forma parte de los elementos que deberían ser considerados al momento de analizar la situación de las familias.

Por ahora, el expediente continúa con las medidas de investigación y no existe una orden judicial de desalojo vigente, tal como ya informó este medio. El nuevo relevamiento tampoco implica por sí mismo una decisión de ese tipo, sino que forma parte de la recopilación de información dentro de la causa.