La propuesta para extender hasta noviembre de 2027 el mandato del Defensor del Pueblo de Viedma, Marín Pérez Morando, generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores vinculados al proceso de renovación del organismo. Las críticas apuntan tanto a la extensión de más de un año respecto del vencimiento previsto como a los argumentos utilizados para sostenerla.

Una de las voces que rechazó la iniciativa fue la concejala Vanessa Cacho Devincenzi, de Patria y Futuro. Planteó que el mandato tiene un plazo establecido y que existe un procedimiento para elegir a quien debe suceder al actual defensor, por lo que consideró que no corresponde modificar las reglas mientras ese proceso ya está en marcha.

“No podemos cambiar las condiciones en medio del camino”, sostuvo Cacho Devincenzi, quien puso especial énfasis en las personas que ya manifestaron su intención de participar o comenzaron a presentar sus antecedentes para ocupar el cargo. Para la concejala, el proceso debe garantizar igualdad de condiciones, previsibilidad y transparencia para quienes se postulen.

La edil también cuestionó que los argumentos vinculados con el calendario institucional puedan justificar una prórroga hasta fines de 2027. Reconoció que el próximo año estará atravesado por distintos procesos electorales, pero planteó que esa circunstancia debería ser contemplada mediante una organización anticipada y no convertirse en una razón para postergar durante más de un año la renovación de la Defensoría.

Otro de los puntos cuestionados por Cacho Devincenzi es el argumento relacionado con el estado de salud de Pérez Morando y su imposibilidad de realizar actualmente la presentación oral de su informe anual ante el Concejo Deliberante. La concejala expresó comprensión frente a esa situación, pero sostuvo que puede resolverse de manera excepcional sin alterar el mandato durante más de un año. En particular, planteó que si existieran dificultades para completar la designación antes del vencimiento, podrían evaluarse alternativas legítimas y limitadas en el tiempo, sin interrumpir el proceso de selección que ya comenzó.

También rechazó que la posibilidad de coordinar la elección del Defensor con otros procedimientos institucionales, como la designación del Juez de Faltas, pueda utilizarse para justificar la extensión. “La economía procesal no puede estar por encima del cumplimiento de las normas”, afirmó, al remarcar que se trata de instituciones diferentes y que cada una cuenta con su propio procedimiento.

Caballeri habló de una "estafa a la democracia"

El cuestionamiento adquirió un tono más duro en el planteo de Lautaro Caballeri, uno de los postulantes al cargo de Defensor del Pueblo. En una opinión difundida antes de la sesión, calificó la iniciativa como una “estafa a la democracia” y centró su crítica en la extensión de 401 días que implicaría mantener al actual funcionario en el cargo.

Caballeri diferenció la situación de una eventual extensión breve destinada a resolver una cuestión administrativa de lo que plantea el proyecto. “No estamos hablando de unos pocos días”, sostuvo, al remarcar que se trata de más de un año de extensión de un mandato que tiene un plazo establecido.

El postulante recordó además que la Ordenanza 7835 establece una duración de cuatro años para el mandato del Defensor del Pueblo y contempla mecanismos vinculados con situaciones de ausencia, licencia o incapacidad que puedan impedir el normal desempeño de sus funciones.

En relación con el informe anual, Caballeri cuestionó que la situación de salud del actual defensor sea utilizada como fundamento para modificar las reglas de la institución durante un período tan prolongado. Planteó que esa obligación podría resolverse por las vías correspondientes y mencionó incluso la posibilidad de una presentación escrita.

Para el candidato, la discusión excede la continuidad de Pérez Morando y alcanza al funcionamiento de la propia institución. Recordó que la Defensoría fue creada como un organismo destinado a defender los derechos de los vecinos y controlar los actos y omisiones de la administración municipal, por lo que consideró que sus reglas no deberían modificarse para resolver una situación particular.

Randazzo puso el foco en los reclamos de los vecinos

Una mirada diferente sobre la continuidad del actual defensor fue planteada por el dirigente vecinalista Cristian Randazzo, quien cuestionó directamente el papel que, a su entender, viene desempeñando la Defensoría frente a los problemas cotidianos de Viedma.

En una publicación difundida en redes sociales, Randazzo preguntó si los vecinos habían escuchado o visto al Defensor del Pueblo reclamar por cuestiones como calles, luminarias, seguridad, transparencia en la gestión, acceso a los barrios, IPROSS, hospital y desbordes cloacales, entre otros temas.

El planteo de Randazzo no se concentra solamente en la duración del mandato, sino en qué función cumple el organismo de control frente a los reclamos ciudadanos. A partir de esa enumeración, sostuvo que Viedma necesita una institución que defienda los derechos de los vecinos y cuestionó que se prorrogue el mandato en lugar de avanzar con una renovación.

Randazzo calificó la situación como una maniobra destinada a evitar que se resuelvan los problemas que afectan a los viedmenses y sostuvo que también existe una intención de que no haya quien represente institucionalmente esos reclamos.